-Se declara presa del odio, la injusticia y la persecución, le reiteró.

La Paz, Innovapress, 16 oct 2021.- Un día después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) comunicara que la proclamación de Jeanine Áñez no fue constitucional, la exmandataria escribió una carta dirigida al presidente Luis Arce en la que le hace saber y le recuerda de la legalidad de su mandato reconocido por ese máximo tribunal y por una ley de la Asamblea Legislativa.

Arguyó que su mandato fue refrendado por la Declaración Constitucional Plurinacional 001/2020, emitida por el TCP, el 15 de enero de 2020 y por la Ley 1270 del 20 de enero de 2020, por medio de la cual, la Asamblea Legislativa corroboró la constitucionalidad de su mandato.

La exmandataria escribió que es presa “de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada, característica de los regímenes totalitarios”.

“No soy rea más que de la injusticia, del odio, de la persecución política y de una ideología que suplanta los preceptos de la legalidad con la condena anticipada característica de los regímenes totalitario”, se lee en la misiva de Áñez remitida a Arce, que se compartió en su cuenta Twitter.

Este viernes el TCP emitió un comunicado y la sentencia constitucional 052/2021, que expresa que la proclamación de Áñez como presidenta del Estado, el 12 de noviembre de 2019, no fue constitucional.

“Hoy hace exactamente hace siete meses que desde las dependencias de Gobierno me atacan y me torturan a diario, negándome el ejercicio de mis derechos fundamentales y privándome de mi libertad de manera abusiva e injusta. Siete meses de una mal llamada detención preventiva porque sin ni una sola prueba en mi contra ni una sola prueba de los delitos inventados, me mantienen prisionera negándome todas las garantías descritas en la Constitución”, refirió Jeanine Áñez desde su celda en el penal de Miraflores.

La exsenadora y expresidenta se encuentra tras las rejas desde el 13 de marzo pasado, cumplió más de siete meses acusada en un proceso ordinario por los presuntos delitos de sedición, conspiración y terrorismo (caso golpe I). No obstante, existe una ampliación por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes (caso golpe II) y haber vulnerado el Reglamento de la Cámara de Senadores para ascender a la Presidencia de Bolivia.

Al margen existen más de cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades lo que agrava su situación judicial, en medio de pedidos para el goce de trato de corte y detención domiciliaria dado su estado de salud que no es allanado a su favor.

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