-En 2020 hubo un daño económico al Estado por $us 10 millones en plena pandemia del Covid-19.
La Paz, Innovapress, 10 oct 2023.- La exministra de Salud, Eidy Roca junto a otros 7 exfuncionarios fueron imputados formalmente este martes por el Ministerio Público por la adquisición irregular de 324 respiradores chinos hace tres años en plena pandemia de Covid-19.
El director de la Fiscalía Anticorrupción, Aldrin Barrientos, explicó que en 2020 los ventiladores fueron formalmente recibidos por la comisión especial, pero posteriormente se constató que no cumplían con 40 puntos de las especificaciones técnicas. Asimismo, que el costo de los ventiladores no sobrepasaba de los 8.900 dólares frente a los 30.000 que se pagó por cada uno.
“Se ha presentado la acusación formal por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y delitos contra la salud pública en contra de la exministra de Salud, María E.R.J., el exviceministro de Salud, Elías R.C.C., el exasesor Jurídico del Ministerio de Salud, Jorge S.C., la exdirectora de Servicios Generales del Ministerio de Salud, Graciela M.R., el exjefe de Unidad de Redes y Servicios de Salud, Juan C.A.T., el exjefe de Unidad Financiera, Marco A.P.I., la exconsultora del Ministerio de Salud, Vania V. G., y el representante legal de la Empresa Grupo AGEM, Eduardo D.P.”, ratificó.
Asimismo, aseguró que ahora se espera que la autoridad jurisdiccional señale fecha para el inicio del juicio donde se pedirá la sentencia con la pena máxima de 10 años de prisión para todos los implicados.
El Ministerio Público emitió la acusación formal sustentada con 38 pruebas testificales y 53 documentales que fueron colectadas durante la etapa preparatoria, entre ellas, el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de los ventiladores pulmonares, informes técnicos que revelan que los mismos no contaban con las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor.
De igual forma, un dictamen pericial emitido por un especialista-técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), ni para tratar pacientes críticos a causa de Covid-19, entre otras.
Barrientos explicó que, a pesar de tener conocimiento de este antecedente, se suscribió una segunda enmienda al contrato de adquisición, el cual no aceleraba el periodo de entrega, ni reducía el valor del contrato o mejoraba la calidad, eficiencia o sostenibilidad de los equipos, ni ningún otro beneficio para el Estado, al contrario, se continuó con la adquisición de los respiradores que no cumplían los requerimientos técnicos.
“De acuerdo a las pruebas presentadas en la acusación, los respiradores adquiridos en el primer semestre del año 2020, no solo no cumplían con las especificaciones técnicas, sino que además presentaban un presunto sobreprecio, ya que fueron adquiridos por un precio unitario de 30.000 dólares cuando su costo en el mercado no sobrepasaba de los 8.900 dólares”, precisó.
Además, que cuando los respiradores fueron distribuidos a los hospitales del país, los médicos denunciaron que los equipos no funcionaban.
IP/RDC