-Serán más de 1.000 personas detenidas y consideradas perseguidas políticas tras la crisis político social de fines de 2019. En las siguientes horas el presidente Luis Arce procederá con su promulgación.
Innovapress, 12 feb 2021.- En una sesión de bochorno, en medio de gritos de protesta, la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa aprobó este viernes el Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, que favorece a más de 1.000 personas implicadas en las muertes de fines de 2019.
“Son más de 13 artículos que se han aprobado, este decreto supremo está en respuesta al pueblo boliviano que sufrió el año pasado. No es dirigido a personas con nombres y apellidos sino a quienes hemos sido víctimas y hemos sufrido los atentados, la violencia del golpe de Estado”, expresó el senador Leonardo loza.
Añadió que incluso la norma se constituye en una repuesta al informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó al país y constató que en Bolivia hubo violación a los derechos humanos.
Reiteró que la norma no se orienta a nadie en particular porque de ser así, incluso el propio Loza estaría en la lista porque fue perseguido durante la “dictadura” de Jeanine Áñez.
“Los que me intentaron detenerme ahorita están en Estados Unidos, pero siento que este decreto aprobado por la Asamblea Legislativa es en respuesta a todo un pueblo que clama por justicia”, acotó Loza.
La aprobación se realizó en medio de gritos de protesta de opositores, que califican de “dictadura”, puesto que el MAS, a solicitud del senador Leonardo Loza, declaró al medio día suficiente discusión, pasando directo a la votación, sin que puedan intervenir varios parlamentarios.
“Democracia sí, dictadura no”, gritaron los opositores, lo cual también fue respondido con estribillos de los oficialistas.
El decreto señala que busca restablecer los derechos de personas procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales durante la crisis política institucional del Estado sucedida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.
Entre los beneficiarios de la amnistía, el Decreto señala a “personas que fueron procesadas penalmente durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
Para el indulto señala que se beneficiarán “´personas que cuenten con sentencia condenatoria ejecutoriada, por procesos penales iniciados durante el Gobierno de facto, en franca vulneración de los derechos humanos, garantías y libertades constitucionales, por la presunta comisión de delitos que tengan relación directa con los conflictos sociales dentro la crisis política institucional del Estado acaecida en el país entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020”.
También se otorga esos beneficios para detenidos de otros procesos, en el marco de evitar el hacinamiento carcelario, bajo condiciones entre las cuales están el haber cumplido cierto tiempo de condena, entre otros.
La norma es rechazada por la oposición, porque considera que deja en impunidad a responsables de hechos de violencia como la quema de los buses Pumakatari y el bloqueo al oxígeno medicinal en 2020.
Entre los beneficiarios de la amnistía estarían el expresidente Evo Morales, quien es procesado por el delito de terrorismo, debido a un audio en que se le escucha presuntamente ordenando cercar ciudades y dejarlas sin alimento.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, indicó que la justicia, cuestionada por la oposición por su afinidad con el MAS, determinará quienes son los beneficiados. “La justicia lo va a determinar (quienes serán liberados); tenemos en el tema de amnistía un poco más de mil y en el tema de indulto igua”, afirmó.
Ahora debe procederse a su promulgación y luego será “nuestra justicia” la que liberará a los procesados por hechos de violencia y destrucción de bienes públicos en noviembre de 2019.
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