-La disputa cocalera por el control del mercado de Adepcoca en La Paz cumple 20 días sin solución.
Carlos Andrés Torrico
Innovapress, 3 abr 2021.- El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Alejandro Reyes afirmó que al Gobierno no le interesa la negociación, para terminar con la confrontación y pacificar el país en el conflicto cocalero de los Yungas de La Paz, mientras los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) Juanito Angulo y Héctor Arce coincidieron en que existe voluntad de diálogo para resolverlo.
“Lastimosamente la confrontación viene del Gobierno contra la oposición, sectores civiles, médicos y, en este caso, contra los cocaleros de los Yungas. Estamos viendo una masacre violenta en los Yungas y, lastimosamente, al Gobierno no le interesa escuchar”, manifestó Reyes.
Por su parte, Angulo explicó que el Gobierno promoverá el diálogo, a través de reuniones con las dirigencias de los productores cocaleros de los Yungas paceños en conflicto, para buscar una solución.
“(Queremos) que haya diálogo, concertación, comprensión y entendimiento entre ellos. Entendemos que es por el tema orgánico. Hay algunas divergencias internas. En ese aspecto queremos que se solucione, que se llegue a un acuerdo”, indicó el diputado oficialista.
En esa línea, su correligionario de partido, Arce, exhortó a través de Innovapress a los dirigentes a conversar como “una familia”. “Les invocamos a que conversen el sector de la hoja de coca siempre ha sido una familia, que resuelvan sus diferencias”, agregó.
El pasado miércoles, la senadora de CC, Cecilia Requena, responsabilizó al Gobierno por las personas que resultaron heridas durante el conflicto cocalero y anunció denuncias ante instancias nacionales e internacionales.
“Queremos llamar al Gobierno a asumir su responsabilidad, queremos llamar a los sectores al diálogo, con mediadores creíbles. Queremos anunciar que Comunidad Ciudadana va tomar las medidas necesarias para denunciar estos hechos ante instancias nacionales e internacionales”, advirtió Requena.
El conflicto cocalero tiene lugar por el control del mercado legal de coca y el reconocimiento de la directiva de Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca). Asimismo, hay una disputa abierta por el traslado del mercado legal de la zona de Villa Fátima a Kalajahuira.
Los dos sectores en disputa son, por una parte, el grupo de Armín Lluta y, por otra, el de Elena Flores, dirigente afín al MAS. Lluta argumenta que es dirigente electo orgánicamente y tiene el mando del mercado de Villa Fátima. Flores basa su legitimidad en un amparo constitucional. Este miércoles los vecinos de la zona Kalajahuira emitieron una resolución de “expulsión” del centro de comercialización de la coca.
Este sábado, la disputa cumplió 20 días sin solución. Oposición y oficialismo solicitaron diálogo, sin embargo, hasta el momento, los problemas sociales solo se han intensificado.
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