-Hay 65 carpetas de auditorías sobre hechos de violencia. También perfilan generar un proyecto de ley para endurecer las sanciones a aquellos servidores públicos, jueces o fiscales que protejan al agresor.
Innovapress, 6 may 2021.- La Comisión Especial Mixta de investigación sobre la retardación de casos de feminicidios y violencia hacia las mujeres de la Asamblea Legislativa iniciará la próxima semana auditorías especiales a los casos de violencia y femicidios que existen en el país para conocer y dar seguimiento a las agresiones que sufren las mujeres como un sector vulnerable ante los crecientes casos de femicidios.
“Hemos llevado a cabo la novena sesión de la Comisión Mixta en casos de feminicidios y hemos aprobado un cronograma que consiste en bajar a los nueve departamentos para dar seguimiento a las auditorías e iniciar una reunión con las instancias de protección familiar y dar seguimiento a los casos que se realicen una auditoría”, indicó la diputada de esa instancia, Estefanía Morales.
Informó que en esa comisión se tienen 65 carpetas para la realización de auditorías en los que se establecen que los departamentos con mayores índices de violencia y casos de femicidio son: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
“Por eso en esos tres departamentos vamos a empezar con las auditorías desde la próxima semana”, adelantó.
Según explicó la comisión hará seguimiento de informes a las autoridades jurídicas y solicitará reuniones de coordinación al Órgano Ejecutivo para analizar la modificación de la Ley 348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.
Del mismo modo, se coordinará con la sociedad civil respecto a las socializaciones de la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres; además de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (SAFCO).
La comisión prevé encarar estas inspecciones de trabajo, entrevistas y actos investigativos referente a los casos de feminicidio y hacer el correspondiente seguimiento a todas las auditorias de la anterior gestión para verificar, carpeta por carpeta, y coordinar con las instancias judiciales.
También perfilan generar un proyecto de ley para endurecer las sanciones a aquellos servidores públicos, jueces o fiscales que protejan al agresor o quien tenga denuncia de corrupción.
Fiscalizarán a los gobierno municipales y departamentales para la ejecución de las medidas de prevención y atención a los casos de violencia contra la mujer.
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