-De darse curso a la acusación, el exministro podría enfrentar una condena de 20 años en Estados Unidos. Está detenido en el Centro de Detención Federal de Florida por conspiración para el lavado de dinero.
Innovapress, 27 jun 2021.- El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, compareció el miércoles ante la Corte Sur del Estado de Florida en una audiencia que duró aproximadamente 21 minutos, brindó sus declaraciones en el marco de las indagaciones previas que realiza la justicia estadounidense por el delito de conspiración para el lavado de dinero que pesa en contra de la exautoridad en el país del norte.
El ex ministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue detenido por el FBI (Federal Bureao Investigation) la Policía estatal de los Estados Unidos entre el 20 y 21 de mayo por haber filtrado sobornos en el caso gases lacrimógenos, su audiencia inicial fue realizada a través de la plataforma Zoom.
De acuerdo a un reporte de la Corte de Justicia de Estados Unidos, el juez que asistirá su caso es Jonathan Goodman quien, a solicitud de la abogada de Arturo Murillo, Julia Kefalinos, suspendió la audiencia y la reprogramó para el próximo 7 de junio a las 10:00 horas, fecha en la cual el jurista definirá la situación del ex ministro.
Según el registro de penitenciarías de EEUU, Murillo se encuentra en el Centro de Detención Federal de Florida, que se encuentra en Miami.
De acuerdo al Departamento de Justicia del gobierno norteamericano, en los movimientos de Murillo se pagaron al menos 602 mil dólares de soborno a Sergio Rodrigo Méndez su asesor personal y otro funcionario del gobierno boliviano, a cambio de direccionar la contratación de agentes químicos a una empresa intermediaria radicada en EEUU, la BTS, Bravo Tactical Solutions, propiedad de la familia Berkman.
De acuerdo a los datos del ministro Eduardo del Castillo, la compra del material no letal e insumos tuvo un costo total de 5.6 millones de dólares, aunque el precio real supondría solo 3.3 millones de dólares lo que implica un “robo al pueblo boliviano”, según la autoridad de 2,3 millones de dólares.
El Gobierno de Bolivia informó que va a pedir a Estados Unidos la extradición de Murillo y Méndez para que sean enjuiciados en territorio nacional.
Del Castillo anticipó que pedirá la activación del sello azul contra ambos exfuncionarios y que enviarán notas al Ejecutivo estadounidense para su extradición a través de Cancillería.
«Nuestra jurisdicción nos permite realizar este proceso en territorio boliviano. Es por eso que queremos que se juzgue a estos bolivianos en territorio nacional, queremos que estas personas rindan cuentas», expresó del Castillo.
Murillo tiene una orden de detención en Bolivia por el supuesto sobreprecio en la adquisición de material antidisturbios durante el Gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
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