-A través del DS 4168 el Ministerio de Gobierno solicitó, vía TGN, que el Ministerio de Economía y el Banco Central, transfieran 40.068.000 de bolivianos para concretar la compra del material no letal.
Innovapress, 4 jun 2021.- La Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara Baja, estableció responsabilidades en la expresidenta Jeanine Áñez y su gabinete en la firma de tres decretos supremos, pero en particular el DS 4168 que fue el que avaló la compra de gases lacrimógenos en 2020 y por el cual se desviaron más de 2,3 millones de dólares.
La presidenta de esa instancia legislativa, Magaly Gómez, ratificó que Áñez aprobó las normas que viabilizaron la adquisición del material no letal.
“En mi condición de presidenta de la Comisión, hice una serie de indagaciones, hay tres decretos que se emitieron en tres diferentes fechas. El decreto 4090 del 3 de diciembre del 2019; el decreto 4116 del 12 de diciembre del 2019 que abroga el primero y el decreto 4168 del 28 de febrero de 2020 que validó las acciones irregulares”, detalló.
Explicó que, mediante el último decreto, el Ministerio de Gobierno solicitó, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), que el Ministerio de Economía y el Banco Central, transfieran 40.068.000 de bolivianos para concretar finalmente la compra.
En ese sentido, señaló que “las investigaciones deben ser ampliadas a las ex autoridades que firmaron los decretos, cómo Jeanine Áñez (expresidenta), Fernando López (exministro de Defensa), Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Iván Arias (ex ministro de Obras Públicas), Yerko Núñez (ex ministro de la Presidencia), José Luis Parada (exministro de Economía), Karen Longaric (excanciller)”, entre otros.
En ese marco, indicó que, el pasado 12 de mayo envió una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, sobre la actuación de Arturo Murillo en la adquisición de gases lacrimógenos. “La responsabilidad tiene que caer en las personas que hicieron un grave daño al Estado”, enfatizó.
Gómez también se refirió a la desaparición de las carpetas en el Ministerio de Defensa, mismas que contenían información sobre los hechos de Huayllani (La Paz) y Senkata (El Alto)
“Se nos informa sobre la presunta desaparición de archivos de los violentos hechos ocurridos en Huayllani y Senkata, es decir haciendo una indagación in situ en las oficinas (del Ministerio de Defensa) en las que se hizo las ordenes de operación, no existen dichos archivos y carpetas”, denunció la legisladora opositora.
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