-El Gobierno responde que ese control ya está garantizado en la norma y que no se vulnera ningún secreto de confidencialidad.
Innovapress, 20 sep 2021.- Empresarios de la exportación, aglutinados en la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) demandaron este lunes el control de constitucionalidad del proyecto de Ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales que se apresta a ser tratada en la Cámara de Senadores.
El gerente general de la Caneb, Marcelo Holguín, afirmó que es importante que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre esta norma que es observada por distintos sectores sociales y productivos del país.
“Nuestro sector se maneja casi al cien por ciento dentro de la formalidad y es un sector que se somete a normas de bancarización y otros elementos, entendemos que hay preocupación por algunos aspectos que podrían vulnerar algunos derechos que va a requerir el control de constitucionalidad de este proyecto de ley, estamos esperando una respuesta para ver si continúa hacia su promulgación o no”, declaró.
Dijo que esperando el cumplimiento de los derechos garantizados en la Constitución se hagan las correcciones y enmiendas correctivas y se llegue a una norma que asegure que no se vulnere ningún tipo de derechos lo que debería ser previo a la promulgación de la norma.
Afirmó que una eventual transgresión es la vulneración al secreto bancario que está contemplado en el proyecto de norma junto a otros.
Por su parte, la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, informó que ese control de constitucionalidad ya fue realizada y establecida.
“El control de constitucionalidad ya fue establecida y la revisión que se hace en la Asamblea Legislativa es de ese tipo. La Ley de Servicios Financieros, que ya la tenemos desde hace varios años, tiene todas estas características de constitucionalidad”, declaró.
Añadió que el levantamiento de la confidencialidad no se ha modificado además que la discusión y revisión que se ha encarado en la Cámara de Diputados ha visto que se cumpla con este requisito de constitucionalidad.
“Por ejemplo, toda la información que se tiene de las operaciones que realiza cualquier ciudadano está en la central crediticia que está a cargo de la ASFI y eso se levanta en el marco de lo dispuesto en la Ley 393 y la UIF también tiene procedimientos para pedir esa información dentro de la investigación porque tampoco cualquier persona, ni siquiera cualquier funcionario puede pedir información porque se le ocurra, sino que tiene que existir un justificativo”, argumentó.
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