-Los sindicados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley son: Salvador Romero, Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez.
Innovapress, 23 sep 2021.- El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jhonny Pardo, informó este jueves que presentó una querella penal contra del expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, y vocales Rosario Baptista, María Angélica Ruiz y Nancy Gutiérrez por haber habilitado a Manfred Reyes Villa a que tercie en las elecciones subnacionales pasadas.
La demanda es por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
De acuerdo al legislador oficialista, los cuatro vocales que firmaron la resolución que habilitó a Manfred transgredieron las normas, porque antes habían inhabilitado al candidato en el marco de una revisión extraordinaria y no se podía realizar otra revisión extraordinaria del mismo caso.
“Como diputado y como cochabambino he presentado una demanda penal en contra de los vocales del Tribunal Supremo Electoral por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la ley”, afirmó.
Indicó que esos vocales vulneraron los artículos 232, 235 de la Constitución Política del Estado y los artículos de la Ley de Régimen Electoral 219, 23 y 26 y la Ley 018 del Órgano Electoral.
Explicó que los vocales a lo cinco días, una vez revisada la documentación de postulación, volvieron a convocar a la Sala Plena del TSE y modificaron la resolución dictada el 26 de febrero cuando la ley ya no permitía hacer esa revisión.
Sin embargo, en marzo decidieron habilitar a Reyes Villa, debido a que el candidato alegó que estaba pagando la deuda.
Dijo que extraoficialmente se conoce que los referidos vocales no se encuentran en el país, pero será la justicia la que determine el procedimiento a seguir.
El diputado acotó que entonces ya se había pedido explicaciones al TSE, pero las solicitudes eran rechazadas o no respondidas.
Reyes Villa presentó un amparo constitucional para que por esa vía pueda frenar la consumación de una sentencia ejecutoriada de 2013 que lo declara responsable por el delito de conducta antieconómica en el proyecto Sillar Alternativo cuando era prefecto en 2009 y fue sentenciado a cinco años de reclusión.
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