-Comprometió el esclarecimiento de las 38 personas y justicia para heridos y víctimas de Senkata y Sacaba.
Marcelo Padilla
Innovapress, 23 sep 20221.- El presidente Luis Arce denunció el jueves ante la 76 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) los hechos violentos de 2019 lo que volvió a calificar como “golpe de Estado” que provocó la muerte de 38 personas y más de una centena de heridos y víctimas para quienes demandó que esos sucesos sean esclarecidos. Dijo que -en ello- la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo participación.
Relievó que, por la voluntad del pueblo, expresada en las urnas, permitió a su postulación hacerse de la Presidencia de Bolivia en un país que de poco -dijo- se encamina en los senderos de la recuperación y estabilidad, económica social y cultural.
“El Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un golpe de Estado acaecido en noviembre de 2019, el pasado octubre de 2020 ha recuperado su democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano”, enfatizó.
Fue claro, cuando afirmó que la ruptura del orden constitucional, tuvo participación de instancias internacionales “que no tienen el respaldo del pueblo, malos efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos”.
“Pero también tuvo la participación de la OEA -aseguro- a través de su secretario general, Luis Almagro, de otros gobiernos como el anterior de Argentina que enviaron armas y municiones a los golpistas y representantes de la Unión Europea y de organizaciones no gubernamentales”.
Recordó que de acuerdo al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) identificó en Bolivia la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, masacres y ejecuciones sumarias.
Por ello, -dijo- el compromiso de su Gobierno es que se haga justicia con las 38 muertes, cientos de heridos, detenidos, perseguidos, asilados y exiliados y “por las graves violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante el “gobierno de facto”.
Señaló que el ultraje de los símbolos patrios de la wiphala, durante las refriegas, “el uso racista y sexista de la fuerza estuvo dirigida en contra de la población movilizada por sus derechos en su mayoría indígenas, obreros y campesinos”.
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