-Gonzalo Sánchez de Lozada tiene pendiente un juicio por delitos de lesa humanidad, junto a él son demandados varios de sus exministros, entre ellos, el nefasto, Carlos Sánchez Berzaín.
Marcelo Padilla
La Paz, Innovapress, 16 oct 2021.- Bolivia celebra este 17 de octubre los 18 años del fin de una revuelta social que pasó a la historia como “Octubre Negro” o la “Guerra del Gas” cuando en esta fecha fue la dimisión y huida del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, a quien las víctimas responsabilizan de al menos 60 muertes luego de la represión militar.
El 17 de octubre de 2003, un avión comercial se llevaba a Estados Unidos a Gonzalo Sánchez de Lozada, que acaba de renunciar a la Presidencia de Bolivia. El entonces primer mandatario se iba, para no volver, dejando a un país en luto: más de 60 personas fallecidas en una represión durante manifestaciones sociales en La Paz y El Alto que se prolongó por más de un mes, la consigna fue indudable, la defensa del gas natural que pretendía ser vendido a Estados Unidos a precio de “gallina muerta” (18 por ciento de su verdadero valor), así está escrito en la historia.
Esta jornada, desde 2013, se la recuerda como el Día de la Dignidad Nacional, en memoria de los fallecidos en los sucesos de septiembre y octubre de 2003.
Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) tiene pendiente un juicio en Bolivia por su responsabilidad en la muerte de más de 60 personas entre septiembre y octubre de 2003, así definió la Fiscalía General del Estado.
Aquellas muertes ocurrieron durante la represión militar y policial de la revuelta social contra la decisión del exgobernante de exportar gas natural boliviano a Estados Unidos a través de un puerto chileno, Patillos, en medio del rechazo generalizado de la población.
Los familiares de las víctimas de la guerra del gas insisten en que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín sean juzgados en Bolivia.
Al margen del proceso en Bolivia, los familiares de las víctimas iniciaron un juicio contra ambos en Estados Unidos.
El año 2011, la Justicia boliviana condenó a prisión a 15 jefes militares, así como a dos exministros de la administración de Sánchez de Lozada. Entre los condenados figuran los exgenerales Roberto Claros, Juan Veliz, José Oswaldo Quiroga y los exalmirantes Luis Alberto Aranda y Gonzalo Rocabado.
Desde ese entonces se ha dejado establecido en el país que en un Estado democrático de derecho no es suficiente una invocación de disposiciones constitucionales, sino que las autoridades gubernamentales tienen el deber de un empleo proporcional de la fuerza y evaluar racionalmente la importancia de la vida humana como bien supremo, no admitiéndose, en consecuencia, ningún tipo de justificación de someter a la población movilizada en lugar de atender sus demandas en diálogos francos y apropiados.
Hoy por hoy urge, según los familiares, que se haga justicia, por los muertos que defendieron los recursos naturales, por la patria que reclama cada vez basta de diferencias. La guerra del gas marcó un hito de un amor desenfrenado por Bolivia.
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