-Emprendieron viaje desde Caracollo el pasado 18 de octubre, buscan justicia sin más retardación. El Gobierno redacta la proposición acusatoria por torturas contra Jeanine Áñez y sus colaboradores.
La Paz, Innovapress, 25 oct 2021.- La columna de marchistas de familiares, víctimas y heridos de las masacres de Senkata y Sacaba hizo su ingreso este lunes al centro de la sede de Gobierno luego de haber recorrido 181 kilómetros desde la localidad de Caracollo en el límite con Oruro, afirman que el presidente Luis Arce los atenderá, llegaron en busca de evitar la retardación de justicia.
Los marchistas trajeron consigo un pliego petitorio de 22 puntos para exigir justicia y no indemnización, sino que en la justicia ordinaria se obtenga resultados y se establezcan responsabilidades por las muertes provocadas a fines de 2019 a cargo de autoridades del gobierno transitorio, dijo el representante de los marchistas y activista, David Inca.
“Dentro de los objetivos de la marcha están el tema de justicia, los juicios ordinarios contra Jeanine Áñez, ministros, comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía y también el cumplimiento de las recomendaciones del GIEI y ahí también hay temas pendientes como es la impunidad que está pidiendo el grupo afiliado a Conade”, expresó Inca al manifestar que el presidente Luis Arce habría comprometido atenderlos.
El sábado, una comitiva ya entregó un pliego petitorio de 22 puntos al Gobierno y exigiendo juicios en contra de los autores de los hechos de violencia.
El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, informó que el Gobierno plantea el diálogo y mesas de trabajo para atender el pliego petitorio de los movilizados.
Manifestó que se está redactando una proposición acusatoria por torturas, dirigida contra la expresidenta Jeanine Áñez y otras exautoridades. Este texto se presentará en breve ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Agregó que la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados prepara una ley para reparar integralmente a todas las personas que sufrieron violaciones a sus derechos.
Dijo que se estima que ese grupo comprenda unas 5.000 víctimas, que no son solamente las de Sacaba y Senkata, donde se registraron 20.
Sobre estas dos localidades, informó que 18 familias fueron beneficiadas con reparaciones económicas que oscilaron entre 33.000 y 100.000 bolivianos (entre 4.800 y más de 14.000 dólares).
Subrayó que la reparación a esas familias incluye atenciones en materia de salud, educación, empleo y otros aspectos.
Respecto a los casos relacionados con las masacres, puntualizó que no están paralizados y recordó que se han de cumplir los plazos procesales y el derecho de las personas imputadas a la defensa.
Las masacres de Sacaba y Senkata sucedieron el 15 y el 19 de noviembre de 2019. El GIEI concluyó que, al reprimir a manifestantes contra el golpe de Estado, las fuerzas de seguridad vulneraron los derechos humanos, cometieron masacres con armas letales, realizaron ejecuciones sumarias e hicieron uso excesivo de la fuerza.
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