-El Plan de Desarrollo Económico y Social fue diseñado para la reconstrucción económica y bajar la pobreza al 5,3%, pero la oposición, municipios, universidades anticipan que si no se la socializa habrá resistencia. En Santa cruz ya presentaron un recurso de inconstitucionalidad.
La Paz, Innovapress, 18 nov 2021.- La aprobación y puesta en vigencia de la Ley 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) contempla la inversión de 33.197 millones de dólares en el próximo quinquenio para sacar a Bolivia de la pobreza, industrializar y otros, pero al igual que la Ley 1386, ya abrogada, será el origen de otra resistencia civil, anticiparon oposición, gobernaciones, municipios y universidades.
El principal sustento para esa postura es que viola la autonomía departamental, municipal, universitaria e indígena en la administración de los recursos, aunque el oficialismo a través del gobernante MAS adelantó que se trata de “otra mentira de la oposición”.
La norma está vigente y publicada en la Gaceta Oficial con el número de Ley 1407, Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”, titula.
El presidente de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, informó que por los artículos 298 y 316 del PDES es una competencia del nivel central del Estado y es de aplicación obligatoria, según la Constitución.
Apeló al artículo 93 de la Ley Marco de Autonomías “que el plan será de cumplimiento obligatorio por parte de todos los actores y entidades territoriales autónomas”. Asimismo, indicó que un tercer aspecto que no se toma en la visión de la oposición es que el Sistema de Planificación Integral del Estado a través de la Ley 777 establece que todas las instancias públicas tienen que regirse en el PDES.
Yujra señaló que el PDES establece diez ejes de desarrollo, más de 700 indicadores. “De ahí se desprende que en los próximo cinco años vamos a invertir 33.197 millones de dólares en proyectos productivos e infraestructura, sociales, educación y salud, ingresos y empleo”.
Sin embargo, admitió que las entidades autónomas tienen 180 días para adecuar sus presupuestos al PDES.
Indicó que el PDES fue elaborado desde febrero a octubre pasados en talleres de capacitación, reuniones multisectoriales, y principalmente, nueve cumbres productivas y una nacional además del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Dijo que si se alcanza esa meta de inversión la extrema pobreza en Bolivia bajará al 5,3%, entre otros logros.
Oposición
La oposición rechaza la normativa y denuncia que atenta contra la autonomía.
“El plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, declaró la senadora Centa Rek, de la opositora Creemos.
Su observación se replica en varios legisladores que se han opuesto a la norma. Apuntan al Artículo 4 que establece que el plan es de aplicación y ejecución obligatoria para el Legislativo, el Ejecutivo, las empresas públicas, el Órgano Judicial, el Órgano Electoral, el Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y las universidades públicas.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional un recurso de inconstitucionalidad abstracta en contra de la Ley 1407 del PDES puesto que vulneraría a la autonomía.
“Esperemos que el Tribunal Constitucional pueda actuar de forma imparcial y parar esta ley que cercena flagrantemente nuestra autonomía y que no podemos callar”, anticipó Camacho.
Municipios
Enrique Leaño, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) y alcalde de Sucre, pidió al Gobierno que utilice “procedimientos adecuados” y socialice la Ley 1407 para que no cause polémica en los ámbitos universitarios, principalmente.
“El procedimiento (de socialización) no ha sido adecuado, por eso hemos pedido a la Ministra de Planificación (del Desarrollo) que se convoque a las universidades, federación de docentes, administrativos, para que se les pueda dar la explicación. (El plan) no viola ningún principio autonómico, pero hay riesgo de que el tema traspase a un plano político y luego no va a haber razón técnica para hacer entender (el contenido de la norma)”, puntualizó.
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