-Hubo sobreprecio y llegaron los equipos en pleno auge de la primera ola de la pandemia y no servían. Existe el concurso de varios delitos.
Sucre, Innovapress, 19 ene 2022.- El Ministerio Público emitió la acusación formal este miércoles contra el exministro de Salud de la administración de Jeanine Áñez, Marcelo Navajas, por la compra irregular de 170 respiradores españoles Respira Device, junto a él existen otros siete imputados.
La Fiscalía pide 10 años de cárcel. Los implicados son el exministro, el exdirector jurídico del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela Billewicz; el exdirector ejecutivo de la AISEM, Giovanni Pacheco Fiorilo; la exencargada de Equipamiento de la misma institución, Ana Fernanda Espinoza Morejón, y la exencargada de Adquisiciones, Gabriela Claudia Pérez Gallegos.
También el excónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja Lozada; el exadministrador de la Regional Santa Cruz de la Central de Abastecimiento y Suministro de Salud (Ceass), Fernando José Arias Alzerreca, y Luis Fernando Humérez Ortíz, quien fue el contacto para la negociación fraudulenta, según la Fiscalía.
“Los respiradores españoles, al ser recibidos, no contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) ni para tratar pacientes críticos a causa de la Covid-19. Este proceso de compra se inició el 8 de mayo de 2020”, afirmó el fiscal general, Juan Lanchipa.
Los delitos por los cuáles imputa la Fiscalía son: incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, entre otros.
La Fiscalía lanzó la acusación formal sobre la base de 22 pruebas testificales y 73 pruebas documentales, colectadas a lo largo de la etapa preparatoria de la investigación, entre ellas el dictamen pericial de auditoría forense que identifica las irregularidades en el proceso de adquisición de 170 ventiladores.
Asimismo, se acompañan informes técnico periciales de informática forense a diferentes equipos celulares, de los que se extrajo conversaciones que vinculan a los sindicados en estos hechos, reportes técnicos que revelan que los ventiladores no contaban con los accesorios ni las especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor.
Asimismo, un dictamen pericial emitido por un especialista técnico que estableció que los ventiladores pulmonares no son aptos para la UTI, ni para tratar pacientes críticos con Covid-19.
Según Lanchipa, los ventiladores fueron adquiridos de la empresa española GPA Innova a través de la intermediaria IME Consulting Global SL, a pesar de las observaciones que hizo el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien advirtió que esos equipos eran muy básicos para terapia intensiva y no cumplían las especificaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Además, que se contaba con una mejor oferta y precios de la empresa boliviana Cosin Ltda. que ofrecía los ventiladores a 13.000 dólares la unidad.
Según Ceass, los ventiladores pulmonares se encuentran en instalaciones de esa institución en la avenida 6 de marzo de El Alto y se encuentran sin funcionamiento.
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