Justicia de Tarija dicta sentencia de dos años de cárcel para el exgobernador Adrián Oliva

-También está inhabilitado para ocupar cargos públicos durante cinco años. Se trata de un proceso para la supervisión del Materno Infantil de Tarija.

Adrián Oliva con condena de dos años de reclusión/ Foto: archivo digital

Tarija, Innovapress, 29 ene 2022.- La justicia de Tarija dictó sentencia de dos años de reclusión por el delito de incumplimiento de deberes en un litigio con la empresa Conbolat encargada de la supervisión en la construcción del Hospital Materno Infantil en un proceso que data de 2016.

La citada empresa demandó a la exautoridad porque fue impedida para que participe en otros procesos de licitación, reteniendo una garantía de 58.000 bolivianos.

La empresa presentó un amparo constitucional en contra de la decisión de la administración de Oliva y un Tribunal de Garantías emitió una sentencia a su favor y ordenó a la Gobernación tarijeña que deje sin efecto la sanción en un plazo de 24 horas; sin embargo, esta resolución fue incumplida.

“Esta empresa estaba a cargo de la supervisión de dicha obra, cuando entra el señor Adrián Oliva como gobernador procede a rescindir el contrato con esta empresa y ante reiteradas notificaciones que se realizó a la Gobernación para que se retire el contrato la empresa decide poner la denuncia por desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes al entonces gobernador Oliva”, explicó la fiscal departamental tarijeña, Sandra Rodríguez.

Añadió que luego de cuatro años, en audiencia de juicio, el Ministerio Público demostró con prueba fehaciente que Oliva es el autor del delito de incumplimiento de deberes.

“Por ello, el 9 de marzo de 2017, el señor Abrahán R.A.T. (representante de Conbolat) presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes”, recordó la fiscal asignada al caso, Adriana Flores.

La audiencia de juicio oral concluyó con la sentencia de dos años de cárcel para Oliva, su inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años y la obligación de cubrir daños y perjuicios de la víctima.

En su defensa, Oliva dijo el año pasado que sus actos tenían la finalidad de concluir el proyecto del hospital Materno Infantil, y que lo estaban procesando por haber defendido al pueblo y no a los intereses empresariales.

IP/MP

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