-Fue imputado por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados.
La Paz, Innovapress, 17 feb 2022.- El juez Cuarto de Ejecución Penal de La Paz, Abraham Aguirre, quien favoreció con la detención domiciliaria de Felipe Molina Bustamante, alias “El Killer”, involucrado en el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz fue remitido al penal de San Pedro en La Paz con detención preventiva de seis meses.
El fiscal de materia, Gustavo Balderrama, indicó que se probó la probabilidad de obstaculización y peligro de fuga, es acusado de la presunta conformación de consorcio de abogados y jueces y está vinculado en otros casos de liberación de reclusos con 30 años de reclusión.
“Hemos probado con los elementos suficientes los actos iniciales y en ese sentido el juez de la causa determinó detención preventiva por el lapso de seis meses en el penal de San Pedro de La Paz para Abraham Aguirre quien deberá someterse al proceso ordinario”, afirmó el fiscal.
Aguirre está ligado con dos casos relevantes, argumentó el fiscal. “Tenemos dos casos relevantes, uno de ellos es por otorgar la detención domiciliaria para un feminicida y asesino y el otro ligado con la detención domiciliaria de Felipe Molina”.
Balderrama indicó que Aguirre está comprometido con el consorcio de abogados y jueces en el que también están implicados el médico Freddy Torrejón y la abogada Paola Zeballos en el caso del asesino serial Richard Choque.
“Hemos encontrado en su accionar una coincidencia entre el médico Freddy Torrejón quien emitió un certificado médico junto con una abogada que estaba haciendo ese tipo de solicitudes quien al momento está detenida”, afirmó.
Aguirre fue demandado en 2004 por el entonces director de Régimen Penitenciario Tomás Molina por el traslado ilegal de la cárcel de San Pedro a la de El Abra de Cochabamba de un violador en serie.
El juez Aguirre fue aprehendido el martes 15 e imputado por delitos de prevaricato, resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y consorcio de jueces, fiscales y abogados.
Según la imputación en agosto de 2020, liberó a Marcelo Alejandro Huanca, sentenciado a 30 años de cárcel sin derecho a indulto y en diciembre de ese año, a Ariel Roger Moya, condenado a 30 años por feminicidio.
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