-Emitió nueve conclusiones, el informe de recomendaciones para la reforma judicial será emitido en Ginebra en menos de seis meses, las mismas no son vinculantes. Este martes se reunió con el presidente Luis Arce.
La Paz, Innovapress, 22 feb 2022.- El relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, cerró su visita concluyendo que “en Bolivia la Justicia está lejos de la gente”. Sus sugerencias son importantes porque servirán para la reforma estructural del sistema judicial que se encarará en el país, así se definió desde el Ejecutivo.
El jurista sostuvo reuniones con representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones y organizaciones de la sociedad civil y políticas.
“En Bolivia la justicia está lejos de la gente, en la medida en que se ve que hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la justicia responda a dramas cotidianos, la reacción comprensible y legítima que ha habido ante excarcelaciones a través de medios corruptos”, expresó.
En ese marco, García-Sayán emitió nueve recomendaciones y conclusiones preliminares.
La primera, evitar la liberación de criminales condenados además del incremento de los hechos de violencia contra las mujeres, que no son sancionados por una “brecha” que existe en el acceso a una atención oportuna.
La segunda, según el Relator, es ese margen de acceso de las mujeres a la justicia y el crecimiento de los ataques contra ellas. Dijo que entre 2013 y 2021 los feminicidios llegaron a 869.
La tercera, se fijó en la justicia indígena, que es un “tema de importancia” en un país multiétnico como Bolivia. No obstante, lamentó que la Ley de Deslinde Jurisdiccional del 2010 establezca restricciones “severas” y limitaciones que en la práctica hacen que “se borre con una mano” los principios constitucionales que dan garantía en este orden.
La cuarta recomendación tiene que ver con los privados de libertad. Observó que el hacimiento carcelario tiene “ribetes particularmente dramáticos” ante un 349% de “índice alto” de hacinamiento. Además, señaló que la mayoría de los reos solo tienen detención preventiva.
En este punto se refirió a la situación de Jeanine Áñez, que no pudo ser atendida en un centro médico dadas las circunstancias, pero señaló que el Estado es responsable de los privados de libertad y se debe respetar el debido proceso.
“Quiero llamar la atención y destacar que el Estado, frente a cualquier persona privada de libertad es el responsable de la integridad física y de la salud de las personas que están en esa condición y que, por su puesto, en todos los casos, incluido el de Jeanine Áñez, tiene que ser respetando todas las garantías procesales y las normas del debido proceso”
La quinta conclusión tiene que ver con la estructura del Órgano Judicial, que cuenta con 1.000 jueces y que cada uno debe hacerse cargo de más de 500 expedientes. Resaltó además que para la defensa pública solo hay disponibilidad de 54 defensores en todo el país “haciendo en la práctica inaccesible la defensa pública con esos recursos y limitaciones”.
La sexta tiene que ver con la carrera judicial y los jueces transitorios y aquí indicó que esta “no existe” puesto que los jueces son transitorios y no se halla justicia.
El séptimo, encargo es para el Ministerio Público como entidad fundamental para la investigación del crimen y la percepción del delito por lo que exigió el “fortalecimiento del Instituto de Investigaciones Forenses”.
La octava tiene que ver con “graves violaciones a derechos humanos ocurridas en el país luego de la crisis de 2019”, por ello, indicó que se reunió con las víctimas de Senkata, Sacaba y de la zona sur de La Paz, y remarcó que las víctimas esperan justicia y reparación de daños.
Y finalmente se relaciona con las altas cortes en Bolivia por lo que indicó “no existe un modelo de cómo designar a los jueces”, sin embargo, apuntó que la elección que hubo en Bolivia “deja dudas”, por lo que llamó a que es un tema que se debe seguir discutiendo y que debe permitir una satisfacción de la población.
García-Sayán arribó a Bolivia el 14 de febrero y concluyó su estadía con una entrevista con el presidente Luis Arce, la entrega de su informe inicialmente se había previsto para el 2023, no obstante, se acordó adelantar la presentación a mediados de junio próximo en Ginebra-Suiza.
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