-Se amparan en el Convenio 131 de la OIT. Lamentan que el ente matriz no diga nada sobre el incremento de la informalidad en el país. Se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles, afirman.
La Paz, Innovapress, 20 mar 2022.- La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) exteriorizó este domingo su “extrema preocupación” por la demanda de incremento salarial (7%) planteada por la Central Obrera Boliviana (COB) por lo que pidió una reunión al presidente, Luis Arce, para hacerle conocer la postura de los privados apelando al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Lo parte patronal reclama que la dirigencia cobista ignore “la grave situación” por la que atraviesan las empresas, emprendimientos y unidades productivas del país, debido a los efectos de la pandemia y la incertidumbre mundial respecto al rumbo de la economía.
El 17 de marzo, la COB entregó al presidente Luis Arce su pliego petitorio demandando un incremento del 10 por ciento al salario mínimo y 7 por ciento al haber mensual, para 2022.
Los privados lamentan la falta de compromiso de la dirigencia sindical con los miles de trabajadores y trabajadoras que han ingresado en la informalidad, han perdido sus fuentes laborales o las van a perder, “si se sigue ejerciendo presión salarial sobre los empleadores con incrementos imposibles”.
Advierten que este extremo va a forzar “el cierre de las unidades productivas que hoy generan y sostienen más del 70% del empleo digno en el país”.
“Los problemas económicos y la disminución de recursos, que afectan a las empresas de todos los rubros y regiones, alcanzan también a las universidades, gobernaciones, alcaldías y otras instituciones del Estado”, añaden.
Indican que estos problemas no pueden resolverse imponiendo más cargas sobre los que generan empleo ni adoptando medidas como las del incremento salarial que solo benefician al 17% de los trabajadores, en detrimento del resto.
En virtud de ello, los privados pidieron una reunión con el primer mandatario “considerando que se dio la oportunidad a la COB para presentar sus argumentos y su propuesta”, y para ello aluden al Art. 4 del Convenio 131 de la OIT, que ha sido ratificado por nuestro país mediante Ley 2120 del 11 de septiembre de 2000. Este Convenio dispone “la obligación del Estado de realizar consultas exhaustivas a los empleadores y los trabajadores para fijar el salario mínimo”.
“Es momento de asumir el camino del consenso, el diálogo y la unidad para enfrentar los problemas generados por una crisis sostenida que ha precarizado más el empleo, está destruyendo al aparato productivo del país e incrementa cada día más la incertidumbre ciudadana sobre el futuro”.
La semana pasada el presidente comprometió que la demanda salarial será analizada y evaluada por las diferentes instancias del Gobierno con “absoluta responsabilidad con todo el pueblo boliviano”.
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