-Dijo que el fiscal general negoció las fiscalías de La Paz y Santa Cruz con los entonces ministros Yerko Núñez y Arturo Murillo. Es acusada del ingreso ilegal de material no letal desde Ecuador.
La Paz, Innovapress, 28 mar 2022.- La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, reapareció este lunes desde “el exilio” para que a través de un comunicado califique su proceso de una “vendetta” en su contra y a la vez arremetió contra el fiscal general, Juan Lanchipa y el de La Paz, William Alave.
“Debo señalar al señor William Alave que se equivoca al perseguirme. (Juan) Lanchipa ofreció las fiscalías de distrito de La Paz y Santa Cruz al (exminsitro Yerko) Núñez y al (exministro) Arturo Murillo. Se mantuvo al actual Fiscal General ya que se puso a disposición del gobierno transitorio e inició un trabajo cercano con Arturo Murillo y Yerko Núñez”, dice el comunicado de Lizárraga.
Añade que Alave fue fiscal de La Paz hasta febrero de 2020, período del Gobierno transitorio, cuando fue cambiado por Marco Cossío y en abril de 2021, fue designado nuevamente hasta la actualidad.
Lizárraga afirma que Alave se equivoca al perseguirla, porque Lanchipa fue quien negoció la Fiscalía de La Paz además de otras con los entonces ministros Yerko Nuñez y Arturo Murillo. Incluso apuntó que Lanchipa tenía un trabajo cercano con Murillo y Núñez.
Reveló que en el gobierno transitorio Lanchipa pidió tiempo para entregar la Fiscalía de La Paz a gente de confianza de Núñez, mientras que las fiscalías de Cochabamba y Santa Cruz eran para Arturo Murillo.
Agrega que no es casualidad que el fiscal Eddy Flores la haya imputado, puesto que es de confianza de Alave. Además, acusó al mismo de dirigir una persecución en contra de su exesposo y padre de sus hijas, junto con el abogado de Juan Ramón Quintana.
“Estando en el exilio, mis hijas ahora todo lo que tienen es a su padre, empero queda claro que la empatía humana nunca ha sido característica de serviles fiscales”, lamenta Lizárraga.
Violación a sus derechos
Considera que sufre una “tremenda violación” a sus derechos, con la declaratoria en rebeldía en su contra.
Ratifica que se encuentra fuera del país y aseveró que en marzo envió un memorial al juzgado que sigue el caso, para indicar dónde puede ser ubicada y notificada.
Asevera que, al estar en el exterior, no es válido en su contra un edicto de alcance nacional. Denunció además que no fue notificada de manera deliberada, para que esté ausente en audiencia y se le declare rebelde.
Lizárraga está imputada por facilitar el ingreso ilegal de armamento antimotines enviado de Ecuador a Bolivia en las revueltas sociales de 2019.
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