-Por coartar el derecho a la educación y por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución, entre otros.
La Paz, Innovapress, 11 abr 2022.- El Ministerio Público presentó la imputación formal en contra del exministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, por su responsabilidad en la clausura del año escolar en la gestión 2020, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
El exministro es acusado por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y desobediencia a decisiones en proceso de Amparo Constitucional.
“El Ministerio Público ya dictó una imputación contra el licenciado (Limbert) Ayarde, que trabajaba con Víctor Hugo Cárdenas y contra el mismo exministro de Educación”, indicó Lima.
En la imputación la Fiscalía pidió la detención domiciliaria. Por la salud de Cárdenas no se solicitará la detención preventiva.
“Es un proceso que ya está con la imputación presentada, él va a tener que asumir su defensa y, a partir de eso, se culminará con la etapa preparatoria del juicio”, acotó.
Sostuvo que esa decisión del Ministerio Público constituye un elemento fundamental frente al retroceso que se vivió en el 2020, cuando se determinó la clausura del año escolar coartando el derecho a la educación de los niños y jóvenes del territorio nacional.
El 2 de agosto de 2020, el entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, anunciaba la clausura del año escolar de esa gestión, debido a la pandemia de coronavirus y a la falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el territorio nacional.
El 19 de agosto de ese año, la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia Departamental (TJD) de La Paz dejó sin efecto la resolución ministerial que clausuraba el año escolar de la gestión 2020.
«Se instruye a que el nivel central, a través del Ministerio de Educación, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, provea una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización, tomando en cuenta a todos los actores participantes de la educación, debiendo asumir su responsabilidad y no evadirla bajo ninguna circunstancia”, señaló la Sala Penal Primera del TJD tras la anulación de la resolución que clausuró el año lectivo.
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