- -No acreditó su condición de mandataria en el caso EBA por lo que deberá responder en un juicio ordinario por la designación irregular de la gerenta de EBA.
La Paz, Innovapress, 14 oct 2022.- El juez Tercero de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Gonzalo Torrejón, evidenció que Jeanine Añez no fue presidenta constitucional de Bolivia al rechazar que sea juzgada en un juicio de responsabilidades en el denominado caso EBA.
Áñez debe responder por la supuesta designación irregular en la gerencia de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en la administración interina y transitoria en 2020.
“Se logra establecer de que la ciudadana Jeanine Añez Chávez no acreditó de manera documentada, que la misma hubiera adquirido la investidura presidencial siguiendo los rituales constitucionales previstos. Consecuentemente al no demostrarlo, se evidencia que no tuvo la condición de Presidenta Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que está exenta de exigir procesamiento especial”, basó el juez Torrejón en la audiencia.
“Se declara infundada la excepción de incompetencia, en razón a materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez. Esta determinación de carácter jurisdiccional no marca “stado y es susceptible de apelación”, complementó.
De esa manera se abrió la vía jurisdiccional para que sea procesada en la vía penal por la designación irregular de la gerente de la Empresa EBA en 2019.
“Declara infundada la excepción de incompetencia en razón de materia impetrada por la ciudadana Jeanine Áñez Chávez”, establece la Resolución del Juzgado Tercero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz.
En la audiencia virtual, la defensa de la acusada anunció que apelará la decisión sobre la demanda de “incompetencia” planteada bajo el criterio de que si fue expresidenta le correspondería un juicio de responsabilidad y no penal, como se le instauró por el caso EBA.
El juez Torrejón rechazó el razonamiento planteada en el recurso legal y abrió paso para que se la procese en un juicio penal ordinario.
La Fiscalía la imputó en noviembre de 2021 por la designación irregular de Karina Leiva Áñez como gerenta de EBA en mayo de 2020. Pidió su detención preventiva por seis meses.
Desde el 12 de marzo de 2021, Áñez se encuentra tras rejas por haber asumido la Presidencia en 2019 mediante un golpe de Estado, según la acusación.
Los cargos en su contra son terrorismo, sedición y conspiración, en primera instancia. La Fiscalía añadió otros dos: resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes. Los dos procesos están enfocados en el juramento de Áñez como presidenta –después de la renuncia de Evo Morales– sin haber sido designada expresamente por la Asamblea Legislativa.
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