– El Viceministerio de Transparencia inició proceso penal contra del exgerente general de Emapa, Eduardo Harold Wilde Jordán, por la compra irregular de grano de trigo en la gestión de Jeanine Áñez.
La Paz, Innovapress, 23 dic 2022.- El Centro de Arbitraje Grain and Feed Trade Association (Gafta) de Londres falló a favor del Estado boliviano en un arbitraje internacional que la empresa Duron LLC planteó en contra de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por 15.003.639 de dólares.
“La defensa del Estado estuvo, como en todos los casos, precautelando sus altos intereses y, por ende, del pueblo boliviano. Una demanda surgida por un negociado en el gobierno de facto fue desestimada en todos sus puntos. Es un gran logro de la estrategia y defensa legal del Estado”, informó el procurador general Wilfredo Chávez.
El 25 de enero de 2021, la empresa Duron LLC demandó a Emapa por el aparente incumplimiento al contrato 001/2020, de fecha 9 de julio, de 2020, por 30.000 toneladas de trigo duro tipo 2, firmado entre Duron LLC y Emapa.
No obstante, el Tribunal de Arbitraje internacional dictaminó el rechazo de la reconvención (contrademanda) de los compradores por costas judiciales por un monto de 232.202 dólares incurridos con respecto al contrato.
En ese marco, el Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Transparencia inició una querella en contra del exgerente general de Emapa, Eduardo Harold Wilde, por la compra irregular de grano de trigo en la gestión de la expresidenta transitoria Jeanine Áñez y dar curso a las pretensiones de la empresa Duron LLC en contra de los intereses del Estado boliviano.
“A través de la cual se pretendió gestar un fraude en contra del Estado, mediante la Empresa Duron LLC, efectuada en la gestión 2020, situación que fue detectada a tiempo y motivó la resolución del contrato”, señala parte del comunicado del Ministerio de Justicia.
Según ese Despacho, la Empresa Duron LLC interpuso una demanda arbitral contra el Estado, reclamando el pago de daños y perjuicios. Sin embargo, el Tribunal rechazó dar curso a esas pretensiones.
Justicia argumentó que esa situación habilita a proseguir las acciones correspondientes “por haberse identificado la presunta comisión de delitos de corrupción, hasta que se determinen las responsabilidades aplicables”.
El Viceministerio de Transparencia comunicó que continuará con su participación activa como querellante institucional en el proceso hasta lograr la sentencia.
En 2021, el Gobierno denunció que ese contrato era lesivo a los intereses del Estado y generó la demanda arbitral tramitada en Londres para el pago de daños y perjuicios por un monto de 2.894.784 de dólares, dinero que equivale a unos Bs 20 millones.
IP/MP
