-No obstante, admitió que el revocatorio es una figura constitucional y que la supuesta persecución es un argumento fuera de lugar del Comité Cívico pro Santa Cruz.
La Paz, Innovapress, 26 feb 2023.- El pedido de revocatorio y el emplazamiento dado por los cívicos cruceños, que inauguraron una nueva gestión a la cabeza de Fernando Larach, fue calificado por el vocero del presidente, Luis Arce; Jorge Richter, de “chantaje” y “amenaza”.
“El Comité Cívico de Santa Cruz pide impunidad, eximir de culpas a los golpistas y establecer un amplio perdonazo, y de no hacerlo, acuden al chantaje, anuncian medidas de presión violentas. Y ahora amenazan con un revocatorio”, apuntó.
Reiteró la postura ya dada por la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, en sentido de que “no habrá perdonazo alguno”, por respeto a las familias que perdieron a seres queridos y murieron durante las jornadas de 2019. ¿Cómo justificaríamos una medida como esa?, ¿qué explicación daríamos?”, enfatizó.
No obstante, admitió que el revocatorio es una figura constitucional, “cualquier persona puede recurrir a eso; sin embargo, lo importante es que podamos observar que se debe argumentar por qué motivos se lo quiere implementar. Y que quede claro, lo que ellos quieren es solamente generar impunidad, que se libere a los que tuvieron responsabilidad en el golpe (de Estado de 2019) que trajo luto y muerte”.
Dijo que el ente cívico recurre al argumento de la persecución política falazmente en cuando la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “exhorta a que no se instrumentalice la justicia en tres países, pero no está Bolivia”.
“La definición de perseguido político es una construcción, una sensación que los señores que hicieron el golpe buscan instalar, pero que organismos internacionales no hallaron perseguidos en Bolivia”, apuntó y exigió se deje la búsqueda de impunidad.
Recordó que -por ejemplo- el fallecido expresidente Hugo Banzer nunca pagó sus responsabilidades, y cuando la justicia llegaba generó junto a Luis García Meza el golpe de 1980 y el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz y de otros dirigentes en un manto de impunidad.
“Eso mismo se quiere repetir ahora. Cada golpe tuvo una consecuencia en vidas humanas, y la decisión (ahora) es que haya justicia en Bolivia”, indicó el portavoz de Presidencia.
Haciendo referencia a la expresidenta interina, afirmó que “(Jeanine) Áñez ya tiene una sentencia de 10 años, eso ya está juzgado”.
“No es una detenida política, paga su condena. (Luis Fernando) Camacho (gobernador cruceño) es un investigado, con detención preventiva por buscar esquivar las convocatorias de la justicia, porque en 2019 hubo muertos y él debe hacerse responsable. No hay manto de impunidad para los autores de las masacres. Hay militares y policías que también están sentenciados”.
Recordó los 1.200 millones de dólares que Santa Cruz perdió en el paro cívico. “Ahora sueltos de cuerpo amenazan con revocatorio, un proceso que costará más de 150 millones de bolivianos. Hay otras necesidades y una legitimidad consolidada que tiene el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca”, apostilló en una entrevista con medios estatales.
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