– Se trabajará en su socialización de los proyectos de ley 304 y 305, antes se garantiza vigencia de la Ley de Imprenta.
Cochabamba, Innovapress, 8 abr 2023.- El Gobierno a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, volvió a negar este sábado que la administración de Luis Arce atente contra la libertad de expresión y el derecho a la información.
“No estamos emitiendo un artículo, ninguna propuesta nueva, que vaya a coartar la libertad de expresión. Somos defensores de la libertad de expresión”, manifestó.
De esa manera se refirió a los proyectos de ley 305, de “Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos” y 304, que “Regula y Sanciona el uso Indebido de las Redes Sociales”.
Indicó que ambos proyectos no atentan a la Ley de Imprenta que está en “completa vigencia”, por lo que adelantó que se trabajará en su socialización y consenso previo ante de remitirlos al Legislativo.
“Como Gobierno, vamos a trabajar y vamos a socializar con todos los sectores antes de imponer alguna normativa que pueda generar susceptibilidad de los distintos gremios”, explayó Alcón.
Explicó que el proyecto de Ley 305, elaborado por el Ministerio de Justicia y cuestionado por algunos actores sociales, cumple compromisos internacionales para mejorar lucha contra actos de racismo y discriminación.
“Lo que se tiene son compromisos internacionales de Naciones Unidas, de la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial y el Estado tiene por estos acuerdos responsabilidad de ajustar y mejorar la redacción para que como Estado sigamos en la lucha contra toda forma de discriminación”, complementó.
Dilucidó que el objetivo de dicho artículo es mejorar la redacción en la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y evitar los discursos de odio.
“El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, envía un proyecto de Ley donde se mejora en el artículo 281 y se amplía y se agrava la pena para servidores públicos que promuevan actos de racismo discriminación o discursos de odio, es lo único que se está mejorando en cuanto a redacción”, apuntó.
Recordó que el Código Penal en su artículo 23 ya hace referencia a la sanción contra servidores públicos con discursos de racismo y discriminación.
Con este proyecto de ley pretende que la sanción sea de 3 a 7 años en lugar de 3 a 5 años de la Ley 045, norma vigente desde el 2010, anotó.
IP/RDC
