-En demanda del convenio intergubernamental para la construcción del camino Km 13-Las Cruces-Buena Vista.
Santa Cruz, Innovapress, 15 ago 2023.- Por segundo día, pobladores de Buena Vista y La Guardia, en Santa Cruz, mantienen bloqueadas las carreteras nueva y antigua hacia Cochabamba. Ambos municipios exigen la ratificación del convenio intergubernamental para la construcción del camino Km 13-Las Cruces-Buena Vista.
Además, el denominado comité procamino iniciará un nuevo bloqueo en la ruta hacia Camiri cortando así el paso de vehículos que van hacia el sur del departamento cruceño.
La Gobernación arguye que no puede autorizar este tramo debido a que atraviesa una zona de acuíferos, lo que podría comprometer la calidad del agua en los próximos años.
Tras una reunión entre la Gobernación cruceña y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), junto con autoridades de los municipios beneficiados por el proyecto carretero, el Gobierno departamental insistió en que la construcción del Tramo II de la carretera Buena Vista – Los Cruces es riesgosa para la provisión de agua, mientras que la ABC descartó cualquier afectación a los acuíferos subterráneos bajo la zona demarcada.
Rolando Salazar, dirigente del comité de bloqueo en Buena Vista, explicó que dejarán el debate en manos de las instancias técnicas, mientras continúan con la medida extrema.
“Esto lo hemos venido anunciando, cumpliendo el mandato de las bases. Este bloqueo es indefinido hasta que la Asamblea Legislativa Departamental ratifique el convenio intergubernativo”, declaró.
La decisión fue tomada el pasado 28 de julio a través de una resolución de cuatro puntos en la que rechazan “cualquier intento por parte de la Gobernación que pretenda introducir modificación del trazo y diseño definido por los estudios técnicos del proyecto aprobado por la ABC el cual significaría volver a fojas cero”.
El proyecto carretero tiene 75 km y unirá Buena Vista, Porongo y La Guardia y tiene un costo de inversión de 212 millones de dólares de los cuales el 70 por ciento seria recursos del gobierno nacional y el 30 por ciento del gobierno departamental.
IP/RDC
