-El Gobierno afirma que no hay persecución política.
Sucre, Innovapress, 20 oct 2023.- La investigación sobre los 36 días de paro por el Censo que se registró a finales de 2022 en Santa Cruz se ventilará en La Paz, precisó este viernes el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
“Es un acto propio del Ministerio Público de La Paz que lleva adelante las investigaciones para establecer responsabilidades de todas aquellas personas involucradas. Será el proceso de investigación y los elementos probatorios que se lleguen a colectar en este periodo que puedan demostrar la responsabilidad de estas personas que han sido imputadas”, afirmó.
“No podemos hacer ningún comentario sobre lo que mencionan las personas imputadas, lo que se pretende establecer, en este proceso de investigación, es si estas personas han generado o no con su conducta algún ilícito que esté sancionado en el Código Penal”, complementó.
La mañana del jueves se conoció la imputación del Ministerio Público de La Paz en contra Vicente Cuéllar, Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan por el paro de 36 días, suscitado en 2022, en demanda de la realización del Censo de Población y Vivienda.
Los supuestos delitos por los cuales acusan son: terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; racismo y discriminación; asociación delictuosa; atentado a la libertad del trabajo y desórdenes o perturbaciones públicas.
Gobierno
Desde el Ejecutivo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, descartó que se trate de alguna persecución política en contra de los líderes cruceños.
“No hay, no existe una persecución política, lo hemos dicho muchas veces, estamos en un Gobierno democrático en el que respeta la independencia de los órganos del Estado, en el que se respeta el debido proceso de todos los bolivianos y bolivianas. En este caso, tiene más de diez meses en curso y se está llevando adelante en esa instancia y como Gobierno, como Ejecutivo, notros no nos pronunciamos sobre casos y procesos que están en los tribunales, no corresponde”, afirmó.
IP/RDC
