– Mario Enrique Rodríguez Ojopi deberá estar detenido preventivamente en el penal de la misma población fronteriza. Fue cautelado por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología del delito.
Santa Cruz, Innovapress, 22 oct 2023.- Luego de su audiencia cautelar, el presidente del Comité Cívico de Puerto Quijarro, Mario Enrique Rodríguez Ojopi, fue remitido este domingo al penal de esa ciudad fronteriza por tener relación con la muerte de Julio Taborga durante el paro por el Censo que se dio en octubre de 2022.
El cívico fue cautelado por los delitos de homicidio, lesiones gravísimas, instigación pública a delinquir y apología del delito. El traslado de Rodríguez Ojopi desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a Puerto Quijarro se cumplirá este lunes.
El sindicado fue aprehendido el pasado jueves, acusado por la muerte de Julio Taborga el 22 de octubre del 2022, durante el primer día del paro cívico en Santa Cruz que demandó la realización del conteo poblacional.
“Fue la Fiscalía que libró su aprehensión porque no se presentó a declarar cuando la jurisdicción es en Puerto Quijarro. esto se trata de una persecución jurídica porque no hay indicios de responsabilidad por la muerte de Julio Taborga”, denunció el jurista defensor, Jorge Valda.
El 22 de octubre, durante el primer día del paro cívico en Santa Cruz en el Puerto Quijarro se provocó un enfrentamiento entre quienes acataban y rechazaban la protesta por el Censo. La Policía en afanes disuasivos usó agentes químicos para dispersar a los manifestantes y la gresca se produjo el deceso de quien fuera funcionario municipal.
Taborga trabajaba como mecánico soldador en la Alcaldía de Puerto Quijarro, durante el conflicto perdió la vida.
Valda afirmó que la aprehensión es ilegal y arbitraria, tomando en cuenta que la semana pasada el cívico ganó una acción de libertad y anuló la orden de aprehensión que había en su contra y determinó que se defienda en libertad.
De aquel suceso también hubo heridos y se implicó a varias autoridades locales por supuestamente haber orquestado la movilización.
IP/RDC