-Evistas advierten de un acuerdo político con la derecha para la gobernabilidad de Luis Arce. Carlos Mesa observa que se abre posibilidad de reestablecer la Justicia. El Gobierno no alzó la voz.
La Paz, Innovapress, 31 oct 2023.- Un terremoto político de repercusiones causó el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto que se declaró “incompetente” para llevar a cabo el juicio contra Jeanine Áñez (2019-2020) por el caso Senkata en la vía ordinaria. Los evistas ven que hay un acuerdo político con la derecha en el Legislativo que implica el riesgo de gobernabilidad del presidente Luis Arce.
“Repudiamos esta decisión política y corrupta que garantiza impunidad para los autores del genocidio y graves violaciones de derechos humanos del gobierno de facto. Antes liberaron de culpa al corrupto (sic) Reyes Villa. Ahora benefician a los golpistas. En Bolivia la justicia es enemiga del pueblo”, reaccionó Evo Morales en sus redes sociales.
El exministro de Gobierno, Carlos Romero, hombre de confianza del expresidente Morales advirtió de un “acuerdo político” entre los legisladores arcistas y la derecha tal como observó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Que no nos sorprenda que detrás de esta acción haya existido un acuerdo político, ya que coincidentemente confluye en la posición inicial del Ministro de justicia, Iván Lima», explayó en sus redes sociales.
Según Romero, la postura de Lima ha provocado “una de las contradicciones fundamentales del MAS-IPSP con el gobierno de Arce”.
“¿Será que el gobierno busca apoyo de la derecha en la Asamblea Legislativa ya que duda de su gobernabilidad, mostrando su incapacidad de manejarla? Primero intentaron desestabilizar la gestión de nuestro presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, presentando audios falsos. Ayer (por el lunes) el presidente saliente de la Cámara de Diputados, desde una vocería de gobierno, pone en duda el cumplimiento de la gestión de gobierno de Arce”, posteó Romero.
En su criterio, “coincidentemente” la acción a favor de Áñez, “aparece en este contexto”, cuando “el gobierno necesita de la derecha para apoyar una ley que únicamente endeuda más al país en vez de aportar a la reactivación económica de éste”.
El expresidente y jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ponderó la decisión de la Justicia de El Alto.
“La decisión del Tribunal de Sentencia de El Alto en torno al juicio a la expresidenta Jeanine Áñez abre la posibilidad de restablecer la justicia y la vigencia de la CPE, que dispone juicio de responsabilidades para ex presidentes acusados. Es imperativo garantizar la vida y la integridad de los jueces, ante la arremetida de violencia y acoso masista que pretenderá mantener la ilegalidad y la mentira”, escribió el exmandatario en sus redes.
El exviceministro Nelson Cox, político cercano a Morales también rechazó la decisión del tribunal alteño.
“La incompetencia declarada por este tribunal no solamente es ilegal, sino que es una alerta relacionada al escenario de impunidad que se había avizorado. Lamentablemente esta decisión no es ajena a una determinación política que proviene desde el Ministerio de Justicia”, dijo.
Hasta ahora, ni el ministro Lima ni nadie del Gobierno alzó la voz ni emitió comentarios sobre la decisión del Tribunal de El Alto.
En este caso, Áñez enfrenta acusaciones en la vía ordinaria relacionadas con la represión en Senkata en noviembre de 2019, un trágico episodio que resultó en la pérdida de 10 vidas. Sin embargo, la defensa ya había cuestionado el hecho de que se la esté procesando en la vía ordinaria por actos que ocurrieron mientras ejercía la Presidencia.
La Fiscalía había llevado adelante el proceso en la vía ordinaria, bajo el argumento que Áñez no había seguido el hilo constitucional para asumir la presidencia. No obstante, el Tribunal Cuarto de El Alto ha sostenido que corresponde un juicio de privilegio para altos mandatarios.
“Si bien la forma en que Jeanine Áñez asumió la Presidencia del Estado Plurinacional del Estado Boliviano ha sido objeto de controversia, es innegable que los bolivianos hemos aceptado su gestión presidencial, consintiendo plenamente las disposiciones fundamentales emanadas de su autoridad en el órgano Ejecutivo, no solo como ciudadanos, sino también por los órganos del Estado, incluyendo el Órgano Legislativo, Judicial, Electoral, así como el Tribunal Constitucional y el propio Órgano Ejecutivo”, precisa en su fallo el tribunal.
Un juicio de responsabilidades implicaría que Áñez sea procesada previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa y que el juzgamiento se realice ante el Tribunal Supremo de Justicia.
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