- Por desacato e incumplimiento de deberes.
Santa cruz, Innovapress, 5 ene 2024.- El Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz procesará penalmente por desacato y resoluciones contrarias a la Constitución al presidente legislativo, Zvonko Matkovic y al vicegobernador, Mario Aguilera en caso de no acatar la Resolución 1021/2023 sobre la titularidad en la Gobernación cruceña.
“En caso de que no acatar el fallo, el presidente estaría incurriendo en el delito de incumplimiento de deberes y desacato. Ante eso, vamos a plantear una acción y una denuncia donde corresponda. En este caso se procederá como corresponde por incumplimiento”, advirtió el jefe de bancada del MAS, Dilfe Rentería.
De acuerdo con el Artículo 154 de la Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas: “La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años”.
Según Rentería, por este delito ya existe jurisprudencia, porque en 2011 fue remitió a la cárcel el asambleísta Alcides Villagómez por incumplir decisiones judiciales.
Señaló que, independientemente de la respuesta del TCP, Aguilera debe asumir el cargo de Gobernador, ya que la sentencia es de carácter vinculante y obligatoria. Aguardarán hasta este lunes para activar -en su defecto-la vía penal.
“Estamos a la expectativa de que el TCP resuelva el recurso, pero eso no va a cambiar nada a la sentencia constitucional que ya ha sido emitida”, añadió.
“El presidente de la Asamblea Departamental tiene que convocar de inmediato para poder hacer cumplir la sentencia constitucional”, insistió.
“Vamos a demandar donde corresponde, porque no puede ser que no hagan caso a una sentencia constitucional que ha sido emitida y que es de obligatoriedad y con incumplimiento esta sentencia”, apuntó Rentería.
En respuesta, el titular del Legislativo lamentó que en el último tiempo se haya tomado una actitud agresiva en contra de la gestión. Se volvió a referir a la sentencia 1021/2023 advirtiendo que es “la herramienta” que se prevé utilizar para retirar del cargo a las autoridades electas, como el gobernador Camacho.
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