Yassir Molina, de la Resistencia Juvenil Cochala, a ocho años de cárcel por su participación en la crisis social y política de 2019

• Junto a él, Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé Revuelta a seis y dos años de privación de libertad para Milena Soto y Jaime Maldonado acusados de organización criminal.

Cochabamba, Innovapress, 4 jul 2024.- Un juez cautelar condenó la mañana de este jueves al penal de San Sebastián al jefe de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) por su participación en los hechos de violencia y causar violencia en Cochabamba en medio de la crisis social y político de 2019. Estará ocho años tras las rejas.

Junto con Molina, los hermanos Mario Antonio Bascopé Revuelta y Favio Alejandro Bascopé Revuelta a seis años. En tanto, Milena Soto y Jaime Maldonado a dos años por el mismo concurso de delitos.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, luego de la audiencia cautelar, informó en medio de gritos de la protesta de los familiares que no es el resultado que esperaban porque querían “una sanción más drástica (debido a que) había un concurso de delitos”.

“Sin embargo, creemos que se ha dado un paso importante para demostrar al pueblo boliviano y a la comunidad internacional respecto a los delitos que ha cometido esta organización criminal”, apuntó.

Soto, luego de conocer su sentencia, atribuyó al expresidente Evo Morales, al presidente Luis Arce y todo el poder del Movimiento Al Socialismo (MAS) de haber ´presionado a la jueza del caso.

“Quiero que sepan que yo voy a dar mi vida y hasta mi última sangre para sacar libre a esos chicos y a mí porque no hemos hecho absolutamente nada. Bolivia va a cambiar, porque estos masistas se van a ir, no pueden seguir en el gobierno, esta sentencia es una vulneración de derechos, no han probado ni un hecho, ni uno solo, ninguno de ellos se merecía esto, absolutamente nadie”, protestó.

Este es el segundo proceso contra los integrantes de la RJC. Yassir, Mario y Favio tienen en su contra una sentencia de seis años en Sucre, por los destrozos y violencia que generaron en 2020 en la infraestructura de la Fiscalía General del Estado.

IP/RDC