- Debe responder por los presuntos delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Cochabamba, Innovapress, 6 jul 2024.- Un tribunal de Garantías de Cochabamba negó este sábado el pedido de cesación a la detención preventiva interpuesto por la defensa al general Juan José Zúñiga, acusado por liderar la insurrección militar en plaza Murillo el pasado 26 de junio en franca violación a los preceptos constitucionales. Deberá seguir en Sacaba, en El Abra.
En el trámite de la audiencia virtual, el Ministerio Público reiteró su pedido al juez de aplicar la medida extrema de cárcel mientras se realicen las investigaciones por este caso, que desde el Gobierno denuncian como un intento de golpe de Estado, lo que dio curso la autoridad jurisdiccional.
Zúñiga está acusado e investigado de los presuntos delitos de terrorismo y alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, atentados contra la seguridad del Presidente y otros dignatarios de Estado; destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional; y uso indebido de bienes y servicios públicos.
Hasta ahora, 24 personas, entre civiles y militares, se encuentran en calidad de investigados. De ellos, 11 cumplen detención preventiva, 11 están con detención domiciliaria y dos aprehendidos, entre ellos, el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Marcelo Zegarra y de la Armada Boliviana, Juan Arnez.
Además, existen una orden de aprehensión contra el general en retiro Tomás Peña y Lillo quien se declaró en la clandestinidad.
Se han ha emitido seis imputaciones formales y se ha llevado adelante las audiencias de medidas cautelares.
También este sábado, una juez del Tribunal Departamental de La Paz ordenó que Aníbal Aguilar, el civil señalado por el Gobierno de ser el “ideólogo” de la toma militar del pasado 26 de junio sea enviado a la cárcel por cinco meses de forma preventiva, revocando la detención domiciliaria que se había ordenado en una primera audiencia de medidas cautelares.
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