- Su declaración será tomada en un cuestionario que deberá responder, su alta investidura le otorga el privilegio.
La Paz, Innovapress, 12 jul 2024.- El Ministerio Público con asiento en La Paz no descarta que el presidente de Bolivia, Luis Arce, sea notificado para que brinde su declaración -en calidad de víctima- por los hechos suscitados hace 16 días, cuando un 26 de junio, botas militares irrumpieron en el centro del poder político de la sede de Gobierno.
Era justo cuando, el exjefe militar de los castrenses del Ejército, Juan José Zúñiga, había planificado la toma del antiguo e histórico Palacio Quemado y de la Casa Grande del Pueblo donde funciona el Despacho de Arce quien recibió el 55,1% de respaldo en las urnas y que dirige los destinos del país.
Según el fiscal departamental de La Paz, William Alave, la toma de declaración al jefe de Estado será especial dada su alta investidura.
“Todas las personas que han estado directa o indirectamente involucradas, van a ser convocadas. El presidente (Luis Arce) también puede ser convocado; pero el presidente, vicepresidente y ministros tienen un privilegio que les da el procedimiento penal, entonces se le puede dar un cuestionario (…) podría estar en calidad de víctima”, explicó la autoridad fiscal.
Respecto del curso de la investigación, Alave explicó que las declaraciones de los testigos serán usadas para sustentar los delitos penales por los cuales se inició el proceso penal contra los implicados.
“Existen muchas declaraciones testificales que dan lugar a que han existido estos hechos de terrorismo y alzamiento armado”, indicó.
Un total de 26 personas están investigadas y ya fueron imputadas por terrorismo y alzamiento armado, entre otros.
“Tenemos 22 con detención preventiva y 4 con detención domiciliaria”, precisó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra El Crimen (Felcc), coronel Jhonny Chávez.
El principal acusado, Zúñiga, yace al interior de la cárcel de máxima seguridad de El Abra en el municipio de Sacaba (centro de Bolivia) por seis meses, al liderar la revuelta militar se expuso a una condena, que, en el ordenamiento penal boliviano, contempla una pena privativa de libertad de hasta 20 años.
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