- La prórroga solicitada no ha sido otorgada. Se esperaba un acuerdo hasta este 26 de julio y se avance con el resarcimiento económico para los afectados por los hechos registrados durante el gobierno de Evo Morales; sin embargo, la Cancillería pidió otra prórroga que no fue aceptada.
La Paz, Innovapress, 27 jul 2024.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la solicitud del Gobierno boliviano para una nueva prórroga y el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Procuraduría General del Estado anunció que prepara la defensa.
“Al respecto, me permito informar al Gobierno de su Excelencia que la prórroga solicitada no ha sido otorgada. En consecuencia, cumplo con comunicarle que, en la fecha, la CIDH presentó el Caso N° 13.546-Mario Francisco Tadic Astorga y otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de conformidad con los artículos de la Convención Americana y 45 del Reglamento de la Comisión Interamericana”, señala la carta dirigida a la canciller, Celinda Sosa.
La Comisión ya había extendido el plazo para que el Estado boliviano llegue a un acuerdo hasta este 26 de julio y avance con el resarcimiento económico para los afectados por estos hechos registrados durante el gobierno de Evo Morales; sin embargo, la Cancillería pidió otra prórroga que no fue aceptada.
En el informe 394/21, la CIDH concluye que el Estado boliviano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial de Mario Tadic y otros afectados en el caso Hotel Las Américas.
El caso Hotel Las Américas se remonta al 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en Santa Cruz derivó con la muerte de tres extranjeros, a quienes el Gobierno acusó de estar involucrados en actividades terroristas y separatistas.
Sin embargo, el caso fue extinto en medio de cuestionamientos de la legalidad y la transparencia de la operación, así como el trato a los sobrevivientes y a las familias de los fallecidos.
Tras conocer el informe de la CIDH, el procurador general del Estado boliviano, César Siles, ya había adelantado que, si no se cumplen las recomendaciones, el caso pasaría a la Corte IDH.
La Procuraduría anunció que la abogacía del Estado definirá la estrategia procesal y asumirá la defensa de los intereses del Estado ante la Corte IDH.
Detalla que se asumirá “la defensa de los intereses del Estado, interponiendo incidentes, excepciones, proponiendo y produciendo pruebas y formulando los alegatos previos a la sentencia final”.
En el comunicado, la Procuraduría remarca que este “trámite internacional” es contra el Estado, no contra alguna persona, autoridad o exautoridad en específico, por lo que el fallo que eventualmente se emita también involucrará al Estado”.
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