- Del Castillo dice que no se expondrá la vida de nadie al momento de ejecutar el operativo de detención sin exponer la vida de nadie.
Sucre, La Paz, Innovapress, 27 dic 2024.- Hasta la Iglesia católica alzó la voz para exigir la ejecución del mandamiento de apremio en contra de Evo Morales afincado en el Chapare cochabambino, su principal reducto político y sindical, donde cientos de productores cocaleros resguardan al cocalero quien, de esa forma, elude a la Justicia.
“El sistema judicial es una preocupación constante en nuestro país, el Ministerio Público tiene que hacer su trabajo es lo que corresponde para responder ante tantas situaciones delicadas en el país”, manifestó monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre.
Respecto a la orden de detención de Morales, el prelado indicó que “ese es un trabajo que corresponde al Ministerio Público y a la Policía”.
“Considero que tienen que ejecutar lo que se ha dado a conocer públicamente. El Chapare es Bolivia, creo que hace semanas ya ha vuelto la Policía a este lugar y al ser Bolivia, la Justicia es para todos y para todo el territorio nacional y lo que corresponde tendrán que hacer lo más pronto posible”, apostilló.
Gobierno
Por su lado, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reiteró que se ultima el operativo de la manera más milimétrica a fin de que en su intervención no se registren muertos ni heridos.
“Todo el pueblo boliviano tiene conocimiento de la orden de aprehensión (en contra de Morales) existe esa orden y la Policía Boliviana va a dar cumplimiento como en todos y en cada uno de los casos”, anticipó.
“Existe una orden de aprehensión y estamos tomando los recaudos correspondientes para que no se vulneren ni se transgreda ningún derecho en todo el territorio nacional, estos son los principios con los cuales se dirige la Policía Boliviana, por tanto, cualquier tipo de acción, cualquier tipo de operación que vaya a ejecutar la Policía Boliviana se lo tiene que desarrollar de manera milimétrica evitando cualquier tipo de enfrentamientos, suceso o evitar que el día de mañana tengamos que lamentar la pérdida de algún ser humano y en este caso no vamos a tolerar que se transgredan los derechos de los efectivos de la Policía Boliviana, por tanto, estamos elaborando las acciones correspondientes y, como en todos los casos, vamos a dar cumplimiento a lo determinado por la Justicia”, enfatizó.
El ex presidente está imputado por los delitos de trata y tráfico de personas con agravante. Según documentación de la Fiscalía, Morales habría tenido una hija con una adolescente el año 2016, a la que registraron dos años más tarde en un registro civil de la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y cuya partida de nacimiento constituiría la prueba del delito. La víctima tenía 15 años y él 57 cuando ocurrió el presunto embarazo.
La investigación inició su curso durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020) y fue retomada en septiembre de este año. Desde entonces, se han emitido dos órdenes de aprehensión, las cuales quedaron sin efecto por un recurso de acción de libertad interpuesto por los abogados de Morales en una sala judicial de Santa Cruz.
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IP/RDC
