- Por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros.
La Paz, Innovapress, 7 feb 2025.- La Justicia sentenció este viernes a cinco años a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López y de Comunicación, Roxana Lizárraga en el caso ‘gases lacrimógenos’.
“Se informa a la población boliviana que, fueron sentenciados por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros en el caso ‘Gases’”, informó el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo en sus redes sociales.
“El Juzgado de Sentencia Anticorrupción 25 de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025, dictó sentencia condenatoria contra los exministros: Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera, quienes han sido hallados culpables del delito de incumplimiento de deberes y condenados a cinco años y cuatro meses de reclusión”, señala, asimismo, un comunicado de la Procuraduría General del Estado (PGE).
Héctor Pérez Ortiz (asesor de Murillo) fue condenado a tres años y cuatro meses a cumplir en el penal de San Pedro.
“Cumplimos con el pueblo boliviano por los lamentables hechos ocurridos en año 2019”, añadió en el mismo hilo el ministro.
De acuerdo con los antecedentes, en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.
Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin reporte legal. Ante esta acción, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.
En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
La adquisición se hizo en tiempo récord a través de la empresa intermediaria BTS. Si bien el Ministerio Público comenzó a investigar en mayo de 2020 el ilícito, el caso fue más visible a raíz de la detención del exministro de Gobierno Arturo Murillo en Estados Unidos, en mayo de 2021.
En un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que involucra a Murillo y otros funcionarios del régimen de Áñez en delitos de conspiración, soborno e intento de lavado de dinero, se señala que el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno Sergio Méndez ya había comenzado con las cotizaciones con la intermediaria BTS el 16 de noviembre de 2019.
En abril de este año, un tribunal de Estados Unidos dictó una sentencia parcial por la que el exministro de Gobierno Arturo Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.
Bolivia recurrió a la Justicia de Estados Unidos para recuperar ese dinero.
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IP/RDC
