- La jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz además de anular la orden de captura, ordenó paralizar la investigación que se llevaba a cabo en Tarija y dispuso el traslado del caso a Cochabamba, donde Morales mantiene fuerte respaldo político y sindical.
Sucre, Innovapress, 30 abr 2025.- El Consejo de la Magistratura abrió este miércoles una investigación contra la jueza de Garantías de Santa Cruz, Lilian Moreno Cuéllar, quien dejó sin efecto la orden de aprehensión y suspendió la imputación contra el expresidente Evo Morales por el caso de trata de personas con agravante.
“El Consejo de la Magistratura va a ser tajante, cuando una autoridad jurisdiccional evada el cumplimiento de la ley. Si esta decisión judicial ha sido en contra de la ley, tengan por seguro que este funcionario judicial va a ser sancionado”, declaró el presidente de esa instancia, Manuel Baptista.
La jueza de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz además de anular la orden de captura, ordenó paralizar la investigación que se llevaba a cabo en Tarija y dispuso el traslado del caso a Cochabamba, donde Morales mantiene fuerte respaldo político y sindical.
La defensa del exmandatario presentó una “nota de queja” ante el juzgado, lo que derivó en la decisión de Lilian Moreno Cuéllar. Sin embargo, esta acción generó críticas por un posible conflicto de intereses, ya que la magistrada trabajó en el Gobierno de Morales entre 2012 y 2016 en cargos de confianza, como jefa jurídica y gerente regional del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Santa Cruz.
Baptista reconoció que, aunque se respeta la independencia judicial, el caso será sometido a una revisión exhaustiva. “La información donde una juez habría cometido tal vez un acto observable va a ser revisada”, indicó.
Lilian Moreno asumió como jueza de sentencia poco antes de la renuncia de Morales en 2019, tras una carrera vinculada al sector público desde 2012, incluyendo una jefatura en la empresa estatal ENFE.
La resolución judicial y su contexto político han provocado nuevas tensiones en el sistema judicial boliviano, ya fuertemente cuestionado por presunta parcialidad y uso político de la justicia.
La autoridad también aclaró que el respeto a la independencia judicial no exime a las juezas y jueces de actuar conforme a la ley. “Evidentemente, y con respeto a la actuación de la autoridad judicial, si se ha tomado una decisión contraria a la ley, corresponde su investigación y eventual sanción”, remarcó.
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IP/RDC
