- Pasó toda la noche del lunes y la madrugada del martes en celdas policiales. Acusada de favorecer a Evo Morales.

La Paz, Innovapress, 6 may 2025.- El Ministerio Público presentó el martes (06.05.2025) la imputación en contra de la jueza Lilian Moreno, que anuló la orden de aprehensión y la imputación contra Evo Morales. Está acusada de los probables delitos de desobediencia a resoluciones constitucionales e incumplimiento de deberes y prevaricato. Pide su detención preventiva por 30 días en Palmasola, Santa Cruz.
La Fiscalía solicita la “aplicación de la medida cautelar de detención preventiva contra la ciudadana Lilian Moreno Cuéllar, y sea en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz ‘Palmasola’ – PC-2, por el plazo de treinta (30) días, tiempo en el cual se realizarán las siguientes actividades investigativas”.
La imputación es por la supuesta comisión de los delitos de desobediencia a resoluciones constitucionales e incumplimiento de deberes.
De esa forma, la jueza cruceña se expone hasta seis años de prisión, en caso de ser hallada culpable.
Asimismo, la Fiscalía basó su solicitud en dos aspectos. La primera tiene que ver con la “existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que la imputada es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible”.
La segunda, a “la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado (la jueza Moreno) no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”.
La jueza Moreno es cuestionada por anular la orden de captura y la imputación contra Morales en el caso trata de personas con agravante, pero, además, ordenó que el proceso y los actuados sean remitidos a la jurisdicción del Trópico de Cochabamba, región que concentra el poder social y político de Morales.
La defensa de la magistrada Moreno está a la espera de la fijación de la audiencia de medidas cautelares en celdas de la Policía anticrimen en la sede de Gobierno ubicadas sobre la avenida Sucre donde pernoctó la noche del lunes y la madrugada del martes.
El abogado defensor de la jueza, Silvestre Ibáñez, señaló que la primera excepción que plantearán es la de competencia puesto que consideran que este caso debe tratarse en Santa Cruz y no en La Paz, a donde fue trasladada la autoridad judicial.
El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) examina el estado de salud de la legista ya que, según la familia, ella sigue un tratamiento riguroso por su delicada situación en su integridad.
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IP/RDC