Contratos con la rusa Uranium One Group y la china Hong Kong CBC suspendidos

  • Fue procedente una acción popular de pueblos indígenas asentados en el salar de Uyuni. Además, instruye “abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.
El litio sobre los salares en Bolivia siguen siendo motivo de discrepancia/ arch referencial

Potosí, Innovapress, 27 may 2025.- Un juzgado con asiento en Colcha K en Nor Lípez de Potosí falló este martes ordenando la “suspensión inmediata” de los contratos de litio con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC Invest Limited.

“El juez dispuso las siguientes medidas cautelares: Suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los Proyectos de Ley N 170/2024-2025 y N 197/2024-2025, que buscaban aprobar contratos con las empresas Uranium One Group y CBC”, informó la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que presentó la Acción Popular, en representación de 53 comunidades.

Además, instruyó a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y al Ministerio de Hidrocarburos a “abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa vinculada a estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra”.

Los dos contratos aguardaban la autorización de la Asamblea Legislativa, mientras avanzaban procesos de socialización.

La Acción Popular, planteada por la Cupconl, propone que en tanto no se cumplan los pedidos, no se dé tratamiento a los contratos en la Asamblea Legislativa. Además, en cumplimiento a estas medidas, YLB debería abstenerse de negociar nuevos contratos y/o acuerdos destinados a la exploración y explotación del litio en el Salar de Uyuni.

Anteriormente, los habitantes de las comunidades indígenas denunciaron la vulneración de derechos fundamentales, como la falta de consulta previa y acceso a la información que les permita comprender los posibles impactos socioambientales, en sus territorios.

Los principales aspectos ambientales que despiertan temor en la población son la falta de estudios de evaluación de impactos medioambientales, el elevado consumo de recursos hídricos que se utilizarían para estos proyectos, la poca viabilidad económica de los proyectos y la imposibilidad de incrementar las regalías para las regiones productoras.

En septiembre de 2024, YLB y Uranium One firmaron el primer contrato para para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, Potosí, utilizando la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) con una inversión superior a 970 millones de dólares.

Posteriormente, en noviembre, se firmó el contrato con la empresa china CBC para el emplazamiento de dos plantas de producción de carbonato de litio, también con tecnología EDL, de 10.000 y 25.000 toneladas anuales de capacidad con una inversión de 1.030 millones de dólares.

Ambos documentos fueron remitidos a la Cámara de Diputados, donde los legisladores denunciaron que se trataba de acuerdos entreguistas, que no se habían socializado con las comunidades y que eran perjudiciales para el Estado.

En medio de incidentes, en febrero, la Cámara de Diputados congeló el tratamiento de ambos contratos del litio hasta que concluya la socialización que impulsó una comisión del Gobierno.

El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) se declaró en emergencia y anunció movilizaciones en caso de que el Gobierno pretenda insistir con la aprobación de ambas normas que autoricen la explotación del litio por ser perjudiciales para la región y para el país.

También puedes ver: Comcipo denuncia que el Gobierno firmó los contratos del litio a ‘espaldas’ del pueblo potosino

IP/RDC

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