-Según el ministro Eduardo del Castillo, “queda demostrado que los gases, las granadas y los proyectiles adquiridos eran utilizados, básicamente, para reprimir al pueblo boliviano con alevosía”. El DS 4078 reglamentó la incursión contra civiles.
Innovapress, 12 jun 2021.- El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, reveló este sábado que la exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, fue el nexo clave para gestionar la llegada del armamento militar desde Ecuador a Bolivia el pasado 16 de noviembre.
La autoridad explicó que los 5.500 granadas y 2.949 proyectiles del Ecuador tuvieron un solo propósito: “la represión al pueblo”. Comparó el operativo a lo sucedido en la década de los de los años 70 con el Plan Cóndor en el que participó el expresidente Hubo Banzer Suárez.
Detalló que el exministro de Defensa, Luis Fernando López Julio, tiene, al igual que Arturo Murillo, amplia responsabilidad en la llegada del armamento militar ecuatoriano y él junto a todo el “clan mafioso” son responsables incluso antes del 12 de noviembre, fecha de la asunción de Jeanine Áñez, de los planes desestabilizadores en el país.
Indicó que el 14 de noviembre, Áñez y su gabinete aprobaron el Decreto 4078 que reglamentó la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) la represión a civiles en las protestas contra el golpe, así como evitar cualquier sanción contra los militares que participaran en la represión.
“Queda demostrado que los gases, las granadas y los proyectiles adquiridos eran utilizados, básicamente, para reprimir al pueblo boliviano con alevosía”, expresó del Castillo en la rueda de prensa en la que pidió al gobierno de Ecuador contribuir en la investigación sobre las revueltas sociales en noviembre de 2019 tras la sucesión “inconstitucional”.
Según del Castillo, Áñez preguntó a los jefes de la policía y las FFAA en ese gabinete del 14 de noviembre, si tenían suficiente equipamiento para intervenir las protestas.
Ante la respuesta negativa, la entonces ministra Lizárraga se comunicó con alguien durante 15 minutos y luego dijo que se consiguió que Ecuador, que entonces estaba gobernado por el conservador Lenín Moreno, accedió a prestar a Bolivia insumos para la represión.
“En ese gabinete de la muerte estaba la señora Áñez, el comandante de la Policía y el comandante de las FFAA; y la señora Áñez pregunta a ambos comandantes si existían los suficientes elementos para reprimir al pueblo boliviano. De manera constante, ambos comandantes dicen que no tiene los elementos necesarios para seguir combatiendo a estas hordas”, parafraseó Del Castillo.
“No obstante, la señora Lizárraga abandona durante 15 minutos este gabinete, vuelve después de 15 minutos y dice ‘he conseguido todo lo que estamos buscando’, le hace una pregunta al señor Arturo Murillo y al señor López Julio y les dice ‘¿cuánto es la cantidad que necesitan y precisamente qué es lo que están buscando?’”, añadió la autoridad.
El reporte fue que eran “insuficientes”. Según del Castillo, los exministros López, Arturo Murillo y Roxana Lizárraga se reunieron y coordinaron en esa reunión de gabinete la dotación que apunta a Ecuador, mientras que de forma paralela Murillo, ya gestionaba la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos a través de un intermediario.
Ecuador demandó el 27 de mayo de 2020 la devolución del material prestado. Son 5.000 granadas de mano GL-302, 500 granadas de sonido y destello para exteriores, 2.389 proyectiles de largo alcance calibre 37 MM y 560 proyectiles de corto alcance calibre 37 MM.
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