-La Comisión Especial Mixta del Legislativo fundamenta su recomendación en un plan operativo militar-policial y en el informe pericial del IDIF donde se confirma que hubo uso de armas de fuego de fuerzas combinadas hacia civiles a finales de 2019.
Innovapress, 29 oct 2020.- La Asamblea Legislativa que cerró su periodo constitucional exigirá al Ministerio Público el inicio de un juicio de responsabilidades contra la presidenta Jeanine Áñez por delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, genocidio y asesinato por las muertes registradas en Senkata y Sacaba en noviembre del 2019.
El presidente de la Comisión Especial Mixta que investigó esos acontecimientos, Víctor Borda, declaró que corresponderá a la nueva legislatura y al Ministerio Público la instauración del proceso contra la mandataria para el esclarecimiento total de esos luctuosos sucesos.
En octubre y noviembre del año pasado se registraron más de una veintena de víctimas fatales tras los sucesos postelectorales luego de la incursión armada de efectivos militares y policiales después de una orden desde Palacio de Gobierno dispuesta en el decreto 4078 que deberá ser esclarecido en el marco de la recomendación de dicha comisión especial que es el de un juicio de responsabilidades contra Áñez y procesos penales en contra de sus ministros.
“Hubo un uso indiscriminado de armamento letal, tanques, vehículos; el IDIF ha determinado las causas de la muerte de 26 personas (más los fallecidos de otros lugares) que fueron por impacto de bala”, afirmó Borda.
Precisó que la comisión especial accedió al plan operativo policial-militar de Senkata denominado “Sebastián Pagador”.
Ese documento determina el tipo de armamento que se ha utilizado. “Ellos han utilizado escopetas, fusiles FAL (Fusil Automático Liviano) y Krin de calibre 5,56 y otras armas de 9 mm, y los muertos particularmente de Senkata son por proyectil de bala de 5,56 mm, de 9 mm y algunos de 22 mm, de uso reglamentario de la Policía, y de 7,62 mm (FAL)”, dijo.
Al mismo tiempo, ratificó que, según el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), se evidenció que en la intervención policial en el puente Huayllani y en Senkata, las Fuerzas Armadas y la Policía, al amparo del Decreto Supremo 4078, luego abrogado, usaron armas de reglamento cuyo resultado fueron muertes de civiles.
“Tenemos prueba documental, es un informe que presenta el viceministro al Ministro de Hidrocarburos”, insistió Borda.
Con esa decisión judicial, la Asamblea Legislativa Plurinacional puede dar lectura al informe de la comisión especial y tratarlo en la próxima legislatura.
Dicha comisión también dio luz verde a juicios ordinarios en contra de los ministros Karen Longaric, Arturo Murillo, Jerjes Justiniano, Luis Fernando López, José Luis Parada, Arturo Rodrigo Guzmán Callau, Roxana Lizárraga, Yerko Núñez, María Pinkert y Mauricio Ordoñez, porque fueron quienes firmaron el decreto supremo que autorizó la salida de las Fuerzas Armadas para controlar disturbios en vías públicas.
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