-La magistrada extinguió un proceso contra la familia Doria Medina y luego fue detenida a denuncia de Transparencia por prevaricato.
Redacción central
Innovapress, 21 oct 2021.- Las asociaciones de jueces de La Paz y Chuquisaca se declararon este jueves en emergencia por lo que consideran una violación a la independencia de poderes luego de la aprehensión que sufrió la jueza Melina Lima quien extinguió un proceso en el que está involucrada la familia del político y empresario Samuel Doria Medina.
“En condición de autoridades judiciales, es evidente que no gozarnos de fuero o privilegio alguno, empero si se consolidan estos hechos por demás infundados y arbitrarios se genera una desprotección total para la administración de justicia, ya que nuestro trabajo es precisamente resolver los conflictos penales y este trabajo no puede considerarse delictivo”, refiere el comunicado de la Asociación de Magistrados de La Paz, Amalap.
En la misma línea, la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, a través de su presidenta Greeny Bolling, rechazó la “intromisión y atropello” a la independencia judicial que se comete –dijo– con la aprehensión de la jueza Lima en La Paz.
“Manifestamos nuestra voz de reclamo y de exigencia del respeto a la independencia judicial”, indicó Bolling al expresar que la jueza Lima se defienda en libertad porque tiene domicilio y trabajo conocidos, además de que cumple con funciones públicas.
Anticipó que asociaciones de magistrados de otros departamentos también harán conocer sus pronunciamientos.
Lima fue aprehendida a denuncia del Viceministerio de Transparencia, que la sindicó de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes al haber declarado extinguido un proceso contra Samuel Doria Medina y sus familiares.
Las hermanas del empresario y jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, estuvieron vinculadas a una empresa relacionada con paraísos fiscales.
Según la Amalap, no hay oposición a la investigación, pero no se entiende la razón para aprehender a la jueza Lima, que es mujer y madre. Alertó que se genera una desprotección para administradores de justicia.
Ambas asociaciones coincidieron en que “el Estado está en la obligación de garantizar el desarrollo de la función jurisdiccional libre de presiones, en base al principio de independencia e imparcialidad”.
Afirmaron que en el caso de la jueza Lima “se sienta un precedente contra el trabajo de todos los Jueces del país, que, en cualquier momento, por un criterio subjetivo de aplicación normativa u otros intereses, pueden ser aprehendidos y detenidos”.
Los jueces se declararon en estado de emergencia hasta que se reparen los derechos y garantías vulnerados a Lima, no descartan acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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