-A la par está recurriendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a fin de garantizar los elementales derechos de la menor ante los traumas de los que está siendo objeto en su estado de gestación.
La Paz, Innovapress, 27 oct 2021.- La Defensoría del Pueblo interpondrá una Acción de Libertad ante la justicia ordinaria a fin de evitar el estado de gestación de la niña de 11 años que fue objeto de una agresión sexual y a raíz de ello quedó embarazada. La menor fue evacuada a un albergue de la Iglesia Católica a fin de que dé a luz.
Ese hecho no es bien visto por gran parte de la sociedad cruceña y boliviana en general, por los traumas de los que es objeto la menor, aspecto que se complica en su desarrollo físico, emocional y psicológico, según la Defensoría.
“Hemos presentado una Acción de Libertad contra las defensorías de la Niñez y la Adolescencia de Yapacaní y Santa Cruz de la Sierra, el Arzobispado de Santa Cruz y el Hospital Percy Boland a fin de que la justicia ordene a las defensorías cumplir con acciones de protección a fin de reencaminar el proceso de interrupción legal del embarazo de la menor de 11 años y se dé cumplimiento de la sentencia constitucional 206/2014”, manifestó la defensora Nadia Cruz.
En una acción simultánea y paralela se está acudiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares “para que el Estado asuma medidas de protección y salvaguarda en favor de la niña”.
La Defensoría considera que asume estas acciones por la vía del derecho internacional ante la gravedad del hecho y principalmente de desprotección de las niñas en territorio nacional.
Dijo que se está presentando una acción penal contra el personal médico del Maternológico Percy Boland, de las defensorías de Yapacaní y Santa Cruz, Conferencia Episcopal de Santa Cruz y contra la madre por los delitos de incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y trata de personas con fines de disposición del ser humano con o sin fines de lucro, con fines de embarazo forzado con fines de guarda o adopción.
Según Cruz, la sanción por estos delitos tiene entre 15 y 20 años de cárcel. Este hecho cobró notoriedad y repudio en la capital cruceña, porque el sujeto que perpetró el abuso fue el propio abuelastro a quien no le importó el estado de indefensión de la menor. El hecho se suscitó en Yapacaní y la niña embarazada ya tiene más de cinco meses de gestación.
Por su parte, Rashid Guardia, de la Defensoría de la Niñez, indicó que se hará todo lo posible para evitar el embarazo.
“En nuestro medio, alguien de 11 años no tiene la capacidad jurídica ni siquiera para pedir un préstamo de 300 bolivianos al banco, parece ser un exceso y la solución sería que la madre o el padre que tenga la tutela intervenga”, acotó.
La Casa de la Mujer dijo que es indiscutible la aplicación de la sentencia constitucional 206 para la interrupción del embarazo. “Es algo ni siquiera discutible, la sentencia tiene un carácter de obligación de cualquier servidor, de cualquiera servidora pública, existe todo un marco jurídico porque un cuerpo de 11 años no está preparado para alojar a otro y no tenemos por qué estar discutiendo este tema”, afirmó Ana Paola García de esa organización activista.
Por su parte, el delegado episcopal de la Iglesia Católica, Víctor Hugo Valda, señaló que a toda costa se quiere promover e influenciar a que la niña sea sometida a un aborto sin respetar la vida de ese ser humano.
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