-La denuncia por ese hecho no la presentó la actual administración, afirma la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón. La Fiscalía sostiene que las indagaciones comenzaron en 2019 de oficio.
La Paz, Innovapress, 11 dic 2021.- El Gobierno proporcionó las garantías de un debido proceso, la aplicación de la Constitución y la no vulneración de los derechos humanos en la ejecución de los mandamientos de aprehensión que el Ministerio Público dispuso contra los presuntos responsables de los delitos que se investigan tras las revueltas sociales en octubre y noviembre de 2019 en Potosí.
“No existe en este caso, ninguna afectación al debido proceso, no hay desaparición de ciudadanos, no ha habido ninguna afectación a los derechos humanos de ninguna de las personas que están siendo sometidas a un proceso penal”, afirmó el titular de Justicia, Iván Lima.
Añadió que el despliegue policial en Potosí que desembocó en el allanamiento de las instalaciones del Comité Cívico de Potosí y la aprehensión del excívico Marco Pumari se da en el marco de lo establecido en los mandamientos judiciales emanados desde el Ministerios Público
Estableció que las indagaciones sobre la quema de los ambientes electorales se dan desde el 2019 y atendiendo lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal.
“Este es un tema de orden público, se ha quemado el Tribunal Electoral, se ha dañado el patrimonio de las bolivianas y los bolivianos y hay que realizar una investigación que nos lleve a una respuesta por parte de la Justicia”, argumentó el ministro Lima.
La denuncia
Por su parte, la viceministra de Comunicación aclaró que la denuncia por los excesos en Potosí no la interpuso el Órgano Ejecutivo.
“Hemos visto la información, hay que tomar en cuenta, y poniendo en contexto que esta es una denuncia que ha sido presentada ya por el entonces presidente del TED de Potosí, que ha sido la misma persona que se ha delegado por el gobierno de Áñez, el gobierno de facto. Ha sido su delegado y es la persona que ha presentado la denuncia, ha sentado la denuncia, por la quema del TED de Potosí”, explicó en una entrevista con Bolivia Tv.
Respecto a las advertencias de opositores como Comunidad Ciudadana (CC) de recurrir a organismos internacionales por la reciente aprehensión de Marco Pumari, la viceministra explicó que los líderes de esa organización política “pueden acudir a las instancias que se requieran”.
“Todos los ciudadanos son libres de hacer aquello si sienten que existe alguna vulneración ahí, adelante. Lo que sí tienen que tomar en claro es que es una denuncia que ya ha sido presentada, ha sido sentada y está en la instancia de investigación como corresponde en el Ministerio Público y el órgano Judicial”, agregó.
Entre tanto, la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, afirmó que las investigaciones sobre la quema de los ambientes electorales se iniciaron de oficio desde el 2019. Además, que las aprehensiones se pueden dictar sin previa notificación en cumplimiento del artículo 226 de la Ley del Ministerio Público, según el caso que se investiga.
Precisó que los delitos que se indagan a Pumari y otros ex dirigentes y dirigentes son: allanamiento, robo agravado, deterioro a bienes del Estado, obstrucción como delito electoral y daño calificado.
IP/RC
