-Debieron responder ante la Fiscalía por los 36 días del paro cívico. Vicente Cuéllar no asistió porque se fue a Roma.
Santa Cruz, Innovapress, 13 abr 2023.- Rómulo Calvo, Reinerio Vargas y José Luis Santistevan acudieron a la Fiscalía Especializada en Lucha Contra la Corrupción del Plan Tres Mil, pero se abstuvieron de declarar por los 36 días de paro de fines de 2022 y se acogieron a su derecho constitucional de guardar silencio.
“Nos abstuvimos a declarar y complementamos nuestra declaración porque no queremos entorpecer el trabajo que están haciendo nuestros abogados. Ustedes saben que el Gobierno es hábil en buscar una contradicción para poder acusar y condenar a los ciudadanos bolivianos. Aquí no existe justicia, aquí no existe ley, no existe Constitución Política del Estado, ni nada”, afirmó Calvo.
“No tenemos nada que esconder. Nosotros hemos cumplido con el mandato del pueblo, de un comité interinstitucional que definió 36 días (de paro) para conseguir un beneficio para todos los bolivianos, un derecho que era el Censo”, añadió.
Calificó que el proceso se abrió en su contra y contra otros que fueron parte del Comité Interinstitucional tiene un “tinte político”.
En su criterio, la denuncia interpuesta por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, es ilegal, ya que él no reside en Santa Cruz ni conoce lo que sucedió en la región durante los días del conflicto.
En tanto, el vicerrector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, coincidió en que se acogieron al silencio.
“Hemos demostrado que somos personas de bien y que nos vamos a defender en todas las circunstancias (…). Nos hemos abstenido de hacer una declaración porque, sobre 10 procesos, querer decir alguna cosa podría ir en contra nuestra, entonces lo lógico es hacer lo que hemos hecho”, aseveró.
Cuestionó la legitimidad del proceso, ya que no respeta la jurisdicción natural, puesto que el caso radica en La Paz, pese a que los supuestos ilícitos fueron cometidos en Santa Cruz.
La denuncia fue realizada por el dirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto y afín al MAS, Marcelo Mayta, el 11 de noviembre del año pasado, y aceptada por la Fiscalía a los dos días.
“Nos hemos presentado y acá estamos, vamos a argumentar lo que significa la parte técnica y nuestro abogado presentará todo lo que corresponda, al final ellos son los que tienen que demostrarnos, porque nosotros no hemos hecho nada, sólo hemos cumplido un mandato”, manifestó.
El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, no se hizo presente y pidió la reprogramación, debido a que viajó a Roma.
El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, recluido en Chonchocoro por el caso Golpe I, también figura como investigado dentro de este proceso.
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