-Al igual que ocurrió en 2017 cuando a través de la Ley 960 se acortaron los tiempos.
Sucre, Innovapress, 5 may 2023.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, propuso este viernes que para garantizar las elecciones judiciales en 2023 la Asamblea Legislativa deberá considerar la alternativa de una ley especial que acorte plazos en ese propósito.
La principal autoridad electoral recordó que en 2017 la Asamblea Legislativa sancionó la Ley 960, que acortó los plazos en el proceso electoral y lo propio puede ocurrir en la presente gestión.
“Debemos pensar en una ley parecida a la Ley 960 de 2017. Debemos pensar en esa opción. Para eso, el TSE cree que las elecciones deben realizarse el 5 de noviembre de este año. Así tendríamos los plazos para hacer la entrega, oportunamente, de las credenciales”, afirmó.
Hassenteufel recalcó que el plazo máximo para emitir la convocatoria a las judiciales debería ser el 17 de este mes, para que el TSE, en junio, publique la convocatoria a elecciones para el 5 de noviembre, lo que permitiría la entrega de credenciales el 3 de diciembre y la posesión, el 3 de enero de 2024.
También indicó que en septiembre del año pasado se envió el requerimiento de recursos económicos para los comicios al Gobierno nacional y que esto ya fue incluido en el Presupuesto General del Estado 2023 aprobado en diciembre.
Según Hassenteufel, se cuenta con varias propuestas de calendario que serán analizadas por la Sala Plena del TSE, desde la etapa de preselección de postulantes en el Legislativo, la votación, entrega de resultados y toma de juramento de nuevas autoridades.
Para la autoridad electoral es necesario que el Legislativo haga la convocatoria para la preselección de postulantes » lo antes para que 25 días después el TSE convoque el proceso electoral, como lo establecen las normas.
La Constitución Política del Estado determina la elección mediante voto popular de las máximas autoridades de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, con candidatos seleccionados previamente por dos tercios en la Asamblea Legislativa.
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