-El Gobierno dice que se respeta el debido proceso. Desde Creemos califican de venganza. Observan que no haya una individualización.
La Paz, Santa cruz, Innovapress, 19 oct 2023.- El Ministerio Púbico emitió la imputación formal contra Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; Rómulo Calvo, expresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz; Vicente Cuéllar, Reinerio Vargas, rector y vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y José Luis Santiesteban, asesor legal por los 36 días de paro cívico exigiendo el Censo Nacional de Población y Vivienda en 2022.
Esas cinco personalidades deberán responder por los supuestos delitos de: Terrorismo; Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Racismo; Discriminación; Atentados contra la Libertad de Trabajo; Atentado contra la Seguridad de los Servicios Públicos; Impedir o estorbar el ejercicio de funciones; Asociación delictuosa; y Desórdenes o Perturbaciones públicas.
La denuncia fue presentada el 11 de noviembre de 2022 por el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta. La demanda fue aceptada por la Fiscalía de La Paz a pesar los hechos se suscitaron en la capital cruceña.
Cuéllar confirmó que el Ministerio Público emitió la imputación formal.
“Hemos sido imputados a solicitud de la viceministra de Transparencia y del comité político del MAS”, afirmó y añadió que no existe ningún sustento legal.
“Solamente se basa en una denuncia de un representante de la Central Obrera de El Alto, y adhesiones que ha hecho el comité político del MAS; es decir, esta imputación es un pedido político. Por lo tanto, nosotros nos sentimos acosados políticamente, perseguidos políticamente; porque no hay ningún indicio que nosotros, los imputados, hubiésemos cometido algún ilícito”, Cuéllar quien estuvo -entonces- al frente del Comité Interinstitucional.
Cuéllar observó que no existe una “individualización” de los supuestos delitos.
Gobierno
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que se respeta el debido proceso. “Nosotros tenemos claridad de que en el país no se pueden aceptar de ninguna manera afectación a los derechos humanos. Se va a respetar el debido proceso, lo que corresponde en un proceso penal es que posterior a la imputación se dé una etapa preparatoria que suele durar, por mandato legal, seis meses y estarán en un debido proceso quienes han cometido hechos que nosotros consideramos delictivos y que han afectado la tranquilidad del pueblo boliviano, del pueblo cruceño y que no pueden generar una situación contraria a nuestra legislación vigente”, apuntó.
Creemos – MAS
Desde la alianza opositora Creemos consideran que se trata de una venganza y persecución política.
“Lastimosamente el Gobierno y la justicia servil siguen en ese afán de perseguir a los que piensan diferente. Los 36 días paralizó Santa Cruz porque se pedía que se cumpla con la ley, se le pidió al Gobierno que se realice el Censo y ahora por pedir un derecho legítimo van a ser imputados ¿hay coherencia? Por supuesto que es una venganza”, afirmó el diputado Walthy Egüez.
De su lado, el diputado del MAS, Hernán Hinojosa dijo que “de ninguna manera es un venganza política, sencillamente todos los hechos que han ocurrido en los 36 días fueron quemas de instituciones públicas, secuestro de funcionarios de Impuestos y destrozos a ello no se puede decir que es una venganza y persecución, al contrario la justicia tiene que hacer su trabajo porque hubo perjuicio quitando el pan a gremialistas, transportistas que viven del día, eso es un atentado, eso debe ser castigado”.
IP/RDC
