-Ahora, la atención se centra en la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo debate y, posiblemente, más ajustes al proyecto de ley.
La Paz, Innovapress, 25 oct 2023.- En una sesión que estuvo cargada de tensión y debates acalorados, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles, con notables modificaciones, el proyecto de Ley 464 de Modificación al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.
La decisión generó un fuerte revuelo en el ámbito político y económico, ya que el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su posterior tratamiento.
Horas antes de la votación, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, hizo un llamado urgente a la Cámara de Senadores, instándoles a aprobar el proyecto sin demora. Destacó la necesidad imperante de brindar recursos adicionales a municipios, gobernaciones y universidades públicas.
Sin embargo, lo que parecía ser un trámite legislativo rutinario se convirtió en un escenario de confrontación cuando el senador Hilarión Mamani, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores, propuso modificaciones al proyecto antes de su aprobación. Estas enmiendas, aunque consideradas necesarias por algunos senadores, desencadenaron la preocupación del Gobierno.
El ministro Montenegro no escatimó en palabras fuertes, afirmando que estas modificaciones representaban un intento de «sabotaje» a la gestión económica del presidente Luis Arce. El ministro subrayó que el retraso en la aprobación del presupuesto podría dejar a municipios, universidades y gobernaciones sin los recursos que necesitan desesperadamente.
“Queda claro que es un sinsentido no aprobar inmediatamente la ley”, declaró el ministro, añadiendo que, si el Senado aceptaba las modificaciones propuestas, esto llevaría a una nueva ronda de discusiones en la Cámara de Diputados, prolongando aún más la incertidumbre en torno a los fondos disponibles para entidades gubernamentales y educativas.
El proyecto de ley en cuestión busca asignar un presupuesto consolidado de 5.421 millones de bolivianos, de los cuales 868 millones de bolivianos se destinarán a gobiernos municipales, 353 millones de bolivianos a universidades públicas y 39 millones de bolivianos a gobernaciones.
Con esta decisión, la atención se centra en la Cámara de Diputados, donde se espera un nuevo debate y, posiblemente, más ajustes al proyecto de ley. Mientras tanto, la incertidumbre económica y la tensión política rodean este crucial paso en la gestión de los recursos estatales para el próximo año. IP/Rrq
