- El Gobernador pidió que se frene el “circo” en su contra.
La Paz, Innovapress, 8 mar 2024.- Pasadas las 11.00 de este viernes y en audiencia virtual, el Juzgado de Garantías amplió este viernes por 120 días más la detención preventiva del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por el caso del paro de 36 días a fines de 2022 por la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda.
En audiencia virtual, el juez Elmer Laura, atendió el pedido planteado por el Ministerio Público.
“Se debe individualizar a cada sujeto investigado, por otro lado, se señala que hay varios testigos y estos deben ser identificados y sujetos a la investigación y eso hace a la complejidad”, argumentó el juez.
En una breve intervención durante la audiencia, Camacho señaló que la “persecución política” que se hace en su contra ha pasado a ser “un circo” en el cual le pidió al juez “no ser parte” por lo que le instó a actuar con objetividad y apegado a las leyes.
El abogado defensor, Martín Camacho, dijo que es una lástima la tarea del Ministerio Público y el Viceministerio de Transparencia en este caso.
El otro abogado de la defensa Fernando Vaca, anunció una apelación a esta decisión esperando se revierta la resolución del juez.
El paro de 36 días fue encarado en Santa Cruz entre octubre y noviembre de 2022 fue impulsado por el Comité Interinstitucional en demanda de la realización del Censo.
La denuncia la sentó el ejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Marcelo Mayta, en contra de Camacho; el entonces presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, el rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar ante la Fiscalía Departamental de La Paz por los hechos de violencia y el paro en Santa Cruz.
El caso radica en La Paz pese a que los hechos ocurrieron en la capital cruceña.
En octubre de 2023, la Fiscalía imputó a los líderes cruceños por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, atentado contra la libertad de trabajo, racismo, discriminación, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, asociación delictuosa y desórdenes o perturbaciones públicas.
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