- Además de los excomandantes de la Fuerzas Armadas, Sergio O.C.; y de la Policía, Rodolfo M.T., entre otros.
La Paz, Innovapress, 6 may 2024.- El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó este lunes que la Fiscalía presentó las pruebas colectadas en la etapa de investigación y pidió 30 años de cárcel para los exministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López y de Comunicación, Roxana Lizárraga, declarados rebeldes.
Además de otras siete personas acusadas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
“Hemos sido notificados por el Tribunal 2° de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, que dispuso la apertura de juicio oral público, continuo y contradictorio por la internación de agentes antidisturbios (gases lacrimógenos y otros) en calidad de préstamo desde la República de Ecuador al país en la gestión 2019. El juicio fue programado para el lunes 6 de mayo a horas 14:00 de manera virtual, donde los fiscales expusieron la acusación formal que se presentó con más de 115 pruebas documentales y 48 testificales, entre otros, y se pidió la máxima sentencia”, indicó Alave.
Entre los otros acusados están los excomandantes de la Fuerzas Armadas, Sergio O.C.; y de la Policía, Rodolfo M.T., entre otros.
El fiscal anticorrupción, Bladimir Bolívar, comunicó que los elementos colectados como prueba durante la etapa investigativa fueron el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, en el que viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.
“Esta solicitud está fundamentada de acuerdo al artículo 141 del Código Penal, en el inciso V, que indica que la pena será 30 años de presidio, sin derecho a indulto, si el tráfico ilícito fuera realizado por personal militar o policial. En este caso hubo participación de ambos, militar y policial”, precisó Bolívar.
Asimismo, la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace suponer la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país y otros pertrechos antidisturbios (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis de 2019.
Según las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron el exministro de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
El 15 de noviembre de 2019, en una reunión entre los exministros Murillo, López y Lizárraga, entre otros, se tomó contacto con la Policía de la República de Ecuador.
La exministra de Comunicación salió de la reunión en Palacio y regresó con la noticia de que habría coordinado el préstamo de equipos antidisturbios con el Ecuador y que debía hacerse el trámite logístico para el recojo.
Luego, los exministros de Gobierno y Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, quienes fueron llevados directamente desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto para constituirse a Ecuador y recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías.
Tres días después, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación que desligó en la masacre de Senkata, de El Alto. El saldo, 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
IP/RDC
