- El primero, Murillo, por el delito negociaciones incompatibles y, el segundo, López, por contratos lesivos al Estado. Junto a ellos a otras tres personas.
La Paz, Innovapress, 5 oct 2024.- En juicio oral, los exministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Luis Fernando López, además de otras tres personas, fueron condenadas en rebeldía, la tarde del viernes, a ocho años de reclusión.
“A Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito negociaciones incompatibles con una pena privativa de libertad de ocho años, a Luis Fernando López Julio por el delito contratos lesivos al Estado con una pena privativa de libertad de ocho años”, ratificó el Ministerio de Justicia.
Asimismo, Brayan Samuel Berkman (exasesor personal de Murillo), a siete años de cárcel por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Ruth Roxana Palomeque Ríos, a cinco años por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; Sergio Zamora Bascopé, a tres años por el delito de incumplimiento de deberes.
Fue absuelto Dennis Alejandro Vera Rada por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
“El Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, reitera su firme compromiso con la ‘Cero tolerancia a la Corrupción’ y asegura que este caso enviará un mensaje contundente contra los hechos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de facto de Jeanine Añez, durante el último trimestre del 2019” señala el Despacho de Justicia.
“Sepa todo el país que quien incurra en delitos debe responder ante la justicia, sea quien sea (sic)”, afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en sus redes sociales.
De acuerdo con los antecedentes, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez en 2019, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en concomitancia con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), la que a su vez adquirió este material de la firma Cóndor de Brasil.
Por las granadas y otros pertrechos antidisturbios, el Estado pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, 2,3 millones de dólares fueron sobreprecio.
Parte de ese dinero fue ingresado a Estados Unidos sin haber hecho la declaración legal. Por ello, Murillo y sus colaboradores fueron detenidos y posteriormente sentenciados a 70 meses de prisión el 4 de enero de 2023 en ese país por delitos de soborno y lavado de dinero.
En 2019, Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, con el que autorizó al Ministerio de Defensa la adquisición excepcional “de gases antidisturbios o antimotines” y “material no letal para uso de la Policía Boliviana”.
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